La Procuraduría General de la Nación activó acciones preventivas e interinstitucionales para garantizar la vida y derechos fundamentales de los ciudadanos en Arauca, ante la crítica situación de orden público generada por el accionar violento de grupos armados ilegales que amedrentan a la población civil.

El ente de control remitió requerimientos a la administración departamental y a las autoridades militares y de policía para obtener un contexto real de la zona, cuya situación se agravó por los recientes "ataques con drones contra bases militares en los municipios de Fortul y Saravena" y el asesinato de dos escoltas del senador Jairo Castellanos.

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Tras un Consejo de Seguridad promovido por el órgano de control, las autoridades acordaron la necesidad de articular acciones entre los distintos organismos del Estado para prevenir nuevos hechos violentos, al tiempo que la Procuraduría Regional de Arauca solicitó el "fortalecimiento del actuar de la fuerza pública para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes".

El Ministerio Público urgió una respuesta inmediata y coordinada por parte del Estado ante el panorama de "secuestros, homicidios y desplazamiento forzado", orientada al análisis integral del riesgo y la adopción de medidas correctivas "de cara al proceso electoral venidero".

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