La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) modificar la imputación de cargos contra los ex integrantes del secretariado de las Farc al considerar que su responsabilidad en los delitos de violencia sexual contra menores de edad no debe limitarse a una figura de mando omisivo sino a una autoría directa y sistemática de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado colombiano.

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En un documento de 38 páginas dirigido a la Sala de Reconocimiento de Verdad, la Procuraduría concluyó que existió una política interna en las Farc orientada a ejercer control absoluto sobre los cuerpos, la intimidad y la sexualidad de niñas y niños, y que dicha política fue determinada desde la cúpula de la guerrilla.

Según el ente de control, los seis ex comandantes del Secretariado, como autores mediatos de estos crímenes mediante una estructura jerárquica que permitió su ejecución sistemática.

"La forma de participación atribuida a los miembros del Secretariado, como coautores mediatos en aparatos organizados de poder, debe ser reemplazada por la de autoría mediata comunta", pidió la Procuraduría en el documento.

Asimismo, explicó que "existen bases suficientes para entender que los exintegrantes del Secretariado fungieron como autores mediatos conjuntos dentro de un aparato criminal organizado de poder, para materializar y ejecutar una política de facto —y no formal— de coerción física y psicológica en contra de niños, niñas y mujeres mayores de edad. Esta política estaba dirigida a ejercer un control absoluto sobre sus cuerpos, su intimidad y su sexualidad, y a través de ella se cometieron los actos de abuso sexual".

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El órgano de control también sentenció que hay evidencia de que también se cometieron crímenes como violación sexual de niños y niñas, asesinato y desaparición forzada de neonatos, persecución de pueblos étnicos y traslado forzoso de la población.

El texto advierte que existen testimonios de víctimas que identifican directamente a ex jefes guerrilleros como Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Julián Gallo y Hernán Darío Velásquez en hechos de violencia sexual.

La Procuraduría también subrayó que varios comparecientes reconocieron prácticas en las que comandantes escogían nuevas "parejas", entre ellas niñas recién reclutadas, desplazando a las anteriores mediante asignaciones forzadas a otras comisiones.

Además, el Ministerio Público señaló que en las Farc existieron mecanismos de anticoncepción forzada aplicados incluso a niñas de 12 años, con el objetivo de evitar embarazos derivados de violaciones. Esta práctica, de acuerdo con la Procuraduría, fue parte de un ataque sistemático que afectó los derechos reproductivos de las menores, en el contexto de su sometimiento sexual.

El informe también contradice la versión ofrecida por varios ex comandantes, quienes han afirmado que los casos de violación eran castigados con consejos de guerra. Según la Procuraduría, no hay pruebas documentales que acrediten tales sanciones, y en cambio se evidencia la existencia de impunidad estructural frente a estos crímenes.

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Otro de los puntos abordados por el documento tiene que ver con el asesinato de recién nacidos en campamentos guerrilleros. Según la Procuraduría, la JEP clasificó estos hechos dentro del fenómeno de anticoncepción forzada, lo que resultaría en la invisibilización de los delitos.

El Ministerio Público afirmó que por lo menos diez casos documentados muestran que bebés nacidos vivos fueron asesinados en presencia de sus madres, arrojados a ríos o enterrados en la selva, lo que configuraría homicidio y desaparición forzada.

La Procuraduría también señaló que la política de reclutamiento de menores constituyó un ataque sistemático contra la población civil. Indicó que las Farc realizaban seguimientos a las comunidades para identificar cuándo los niños alcanzaban los 12 años, edad en la que eran reclutados. En algunos casos, los padres eran obligados a entregar a sus hijos en reuniones comunitarias.

Finalmente, el ente de control solicitó que el excomandante Rodrigo Granda sea incluido dentro de los responsables imputados, debido a su participación en decisiones estratégicas tomadas en la Octava Conferencia Guerrillera de 1993 y en crímenes cometidos por el Bloque Caribe, estructura que integró.

La JEP deberá ahora valorar la solicitud de la Procuraduría y definir si modifica los cargos imputados al antiguo secretariado de las Farc o mantiene su decisión inicial.

Tienen 30 días para reconocer reclutamiento infantil

Los ex comandantes Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape y Julián Gallo fueron imputados en el Caso 07 por crímenes de guerra cometidos en la vida intrafilas, entre ellos malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio.

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La Sala de Reconocimiento de Verdad, a través del Auto 05 de 2024, les atribuyó responsabilidad penal individual por cuatro patrones macrocriminales: el reclutamiento y utilización de menores de 15 años, los malos tratos, torturas y homicidios dentro de la estructura guerrillera, las violencias sexuales y reproductivas contra niñas reclutadas, y las violencias basadas en prejuicio contra personas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversas.

La JEP ordenó el pasado 4 de abril a los seis ex integrantes del último Secretariado de las Farc reconocer o no su responsabilidad en el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado.

El plazo, de 30 días hábiles, culmina el 21 de mayo y definirá si el proceso sigue la ruta restaurativa o pasa a la adversarial, donde podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.

Si los ex jefes guerrilleros aceptan los cargos, podrían acceder a sanciones restaurativas. Si los rechazan, la JEP podrá remitir el caso a la ruta adversarial, donde un juicio podría derivar en condenas de hasta dos décadas de prisión.

Mientras se cumple el plazo, la Sala de Reconocimiento continúa con la investigación regional del Caso 07. Entre abril y junio, las víctimas acreditadas presentarán observaciones sobre las versiones entregadas por más de 70 ex combatientes de los distintos bloques de las extintas Farc.

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