Mediante un decreto presidencial, el Gobierno de Gustavo Petro le concedió al Ejército de Liberación Nacional, Eln, el estatus político y de “organización armada rebelde”.

Con esa calificación, la guerrilla queda blindada ante el Estado y podrá realizar un acuerdo de paz y no un sometimiento.

Eso último ya estaba claro y, de hecho, fue lo que permitió que el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del Eln estén sosteniendo una mesa de negociación desde noviembre de 2022.

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“Reconocer que el Gobierno nacional, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, dado el reconocimiento político del Ejército de Liberación Nacional - Eln, como organización armada rebelde, se encuentra adelantando negociaciones y diálogos de carácter político dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización del Ejército de Liberación Nacional - Eln”, decretó el presidente Petro.

Dicho reconocimiento, tal como aclara el decreto, “se hace con sujeción a las normas legales vigentes, de manera que no modifica, altera, ni deja sin efectos las decisiones judiciales que se hubieren adoptado contra los miembros del Eln hasta la fecha, ni suspende los diferentes procesos judiciales que se adelantan contra ellos, ni las órdenes de captura vigentes. De igual manera, no impide que las autoridades judiciales correspondientes con posterioridad a esta declaración, inicien y culminen las investigaciones judiciales a que haya lugar, y adopten las decisiones que resulten pertinentes en el marco de la ley”.

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