La Corte Constitucional ordenó ayer miércoles a la Unidad para las Víctimas diseñar e implementar en un plazo de seis meses un plan de transparencia sobre las indemnizaciones a víctimas del conflicto armado, incluidas aquellas ordenadas por vía judicial.
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El plan deberá publicarse al menos una vez al año, estar disponible en la página web de la entidad y actualizarse semestralmente.
La decisión fue adoptada por la Sala Sexta de Revisión al estudiar una tutela presentada por una víctima de los paramilitares del bloque Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, comandado por Ramón María Isaza Arango.
La accionante solicitó el pago de la indemnización que le fue reconocida judicialmente por el homicidio de su hijo, ocurrido en Antioquia en noviembre de 2000, y denunció la falta de respuesta de fondo por parte de la Unidad para las Víctimas.
La Corte concluyó que la entidad vulneró el derecho a la reparación integral de la demandante al no proporcionarle información clara, precisa y confiable sobre el procedimiento para acceder a la indemnización reconocida en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
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Además, ordenó que se le brinde una respuesta con los elementos mínimos necesarios, incluyendo su posición en la lista de priorización y la fecha aproximada de pago.
El alto tribunal señaló que la falta de recursos no justifica la ausencia de claridad en la información brindada a las víctimas y enfatizó que la incertidumbre en la que permanecen es inadmisible.
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