La conmemoración del Día de las Víctimas en el Congreso de la República se convirtió en un escenario de duros cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro, a quien distintos intervinientes señalaron de incumplir con las víctimas y de no garantizar su protección.

Una de las voces más críticas fue la de María Claudia Tarazona, esposa del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, quien aseguró que el mandatario “no representa a los colombianos” y lo acusó de ser “cómplice del dolor, la violencia y la criminalidad”.

“Un mal gobierno no nos representa. Somos mucho más que un gobierno indolente”, expresó Tarazona durante su intervención.

Por su parte, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, afirmó que la jornada debía ir más allá de un acto simbólico. “No es un acto protocolario, es un día moral que pertenece a quienes han tenido que reconstruirse sobre la ausencia del Estado”, dijo, al tiempo que reconoció una deuda histórica con las víctimas.

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García también advirtió que la reparación avanza con rezagos y falta de recursos. “Hay millones de víctimas que siguen esperando acciones concretas del Estado”, señaló.

En la misma línea, el presidente de la Cámara, Julián López, recordó que en el país hay más de 10 millones de víctimas registradas y subrayó que la violencia “no se mide solo en cifras, sino en historias interrumpidas”.

Además, insistió en que el Congreso debe pasar de los discursos a los hechos, pese a contar con marcos legales como la Ley de Víctimas, que —según dijo— enfrenta limitaciones presupuestales que afectan su implementación.

Desde las curules de víctimas, el representante Orlando Castillo Advíncula reclamó mayor presencia del Estado en los territorios. “Hoy lo que estamos recibiendo es plomo y nadie dice nada”, afirmó, al denunciar asesinatos, secuestros y violencia por parte de grupos armados.

En medio de la sesión, también se escucharon denuncias de líderes sociales. Deysi Guanaro cuestionó a integrantes del partido Comunes y señaló directamente a la senadora Sandra Ramírez por presuntos hechos del pasado.

Finalmente, Adriana Pérez, otra de las víctimas que intervino, aseguró que, a casi una década de la Ley de Víctimas, persisten fallas estructurales. “No hay reparación integral, no hay presupuesto y la violencia sigue afectando a las comunidades”, concluyó.

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