Migración Colombia expulsó a cuatro ciudadanos venezolanos por representar riesgos para la seguridad y la convivencia en el país, a través de su Regional Andina. El caso más relevante ocurrió en Bogotá, donde una mujer que había sido expulsada en 2020 fue detectada nuevamente tras intentar evadir los controles migratorios.

Funcionarios de la entidad detectaron a la extranjera en la Terminal de Transportes El Salitre de Bogotá, mediante una alerta del Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (SIRE).

La mujer pretendía adquirir un tiquete para viajar a otro departamento, momento en el que se confirmó que había reingresado al país de manera irregular, pese a tener una medida de expulsión. Una vez verificado que la medida seguía en firme, se condujo hasta Cúcuta para su salida del país.

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, señaló que "la detección de esta extranjera en la Terminal El Salitre, pese a tener una medida de expulsión vigente desde 2020, demuestra que no permitiremos que se utilice el territorio nacional para evadir la ley".

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La funcionaria agregó que sus acciones estuvieron orientadas a "proteger la seguridad y garantizar que la normativa migratoria se cumpla sin excepciones, siempre bajo el respeto de los derechos humanos".

Mientras se adelantaba este procedimiento, en Madrid, Cundinamarca, fue expulsado otro ciudadano venezolano cuya conducta lo convirtió en un factor de riesgo para la seguridad, el orden público y la tranquilidad de los ciudadanos. Autoridades locales advirtieron su comportamiento en un Consejo de Seguridad y Convivencia Municipal extraordinario, concluyendo que su permanencia afectaba la tranquilidad del municipio.

En otro operativo, en Girardot, también en Cundinamarca, Migración Colombia expulsó a otro venezolano con anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. La expulsión fue materializada por Cúcuta.

El cuarto caso correspondió a un extranjero que había ingresado al territorio nacional de manera irregular, teniendo en cuenta que no tenía registro de ingresos o salidas del país, y que posteriormente fue condenado en Boyacá a 32 meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El Juzgado Primero Penal de Duitama impuso la expulsión del territorio nacional como pena accesoria.

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