La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la expedición del Decreto 0065 de 2026, una normativa que estableció la política pública nacional para la custodia y registro de cuerpos no identificados en los cementerios del país y que surgió como respuesta obligatoria a las órdenes judiciales emitidas por el tribunal transicional para detener la desaparición administrativa de cadáveres y garantizar los derechos de las víctimas.
La decisión gubernamental respondió a la "necesidad de atender vacíos históricos en la gestión de cementerios" y en el manejo de cuerpos de personas dadas por desaparecidas, tras evidenciarse la urgencia de superar las limitaciones existentes en la cadena de custodia y registros de información.
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La JEP señaló que esta política pública representó un avance estructural para "evitar la pérdida de cuerpos ya identificados y no entregados" y para garantizar que los cementerios sean espacios de custodia y no lugares de riesgo para la memoria.
El decreto articuló a entidades nacionales y territoriales y definió responsabilidades institucionales claras, transformando lo que eran esfuerzos aislados en una "serie de acciones estatales coordinadas". Según el documento, la implementación de la norma se materializará mediante planes de acción y asistencia técnica que permitan consolidar una "respuesta institucional sostenida" frente a la problemática de los cuerpos no identificados.
La normativa no surgió de manera espontánea, sino que obedeció al cumplimiento de órdenes y medidas cautelares adoptadas por la JEP, específicamente aquellas emitidas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento para proteger cementerios en Santander. Estas decisiones judiciales evidenciaron que era necesario contar con instrumentos normativos para "responder de manera estructural" a la desprotección de los cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas.
El objetivo central de la medida se orientó a que los cementerios "dejen de ser espacios de incertidumbre" y se consoliden como lugares de protección, permitiendo prevenir el deterioro o manejo inadecuado de los restos que custodian.
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El tribunal reveló que, producto del esfuerzo interinstitucional y las medidas cautelares que impulsaron este decreto, se alcanzaron resultados concretos en la recuperación de víctimas. A la fecha, "se han exhumado 1.916 cuerpos, se han identificado 240 víctimas" y se concretó la entrega digna de 150 personas a sus familias.
La JEP concluyó que estas cifras reflejaron el carácter progresivo del proceso judicial y la importancia de contar con herramientas que aseguren la preservación de los cuerpos para avanzar en los procesos de búsqueda y reparación.
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