La Defensoría del Pueblo alertó nuevamente sobre la violación sistemática del derecho fundamental a la salud por parte de las EPS e IPS, y los riesgos que generan las medidas especiales tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud que, después de un largo tiempo, no evidencia mejoras en la liquidación de hospitales y aseguradores, lo que deja en completa indefensión a los pacientes, en especial a aquellos que vienen en tratamientos por enfermedades crónicas y de alto costo.
Así lo advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, luego de revisar los últimos procesos de liquidación de EPS, cuyas deudas tienen al borde de la quiebra a muchos hospitales públicos, encargados de garantizar la salud en los territorios.
“Desde la Defensoría del Pueblo hemos evidenciado un alto riesgo de vulneración al derecho fundamental a la salud ante la improvisación en la distribución de los afiliados de las EPS que han terminado liquidadas y cuyas receptoras no cuentan con la capacidad técnico administrativa, ni la suficiencia de red para prestar el servicio, lo que ha interrumpido tratamientos y dejado desatendidos pacientes, poniendo en riesgo sus vidas, salud y dignidad”, dijo Camargo.
“Nos preocupa que, tal como se están dando los procesos de liquidación de EPS, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Por eso reiteramos el llamado a todos los actores del sistema de salud para avanzar en soluciones reales, que garanticen la prestación del servicio de manera efectiva. Las medidas administrativas no pueden convertirse en un obstáculo adicional para la atención oportuna, adecuada y continua de los pacientes ni para interrumpir los tratamientos que venían en curso”, agregó el Defensor.
Ante este escenario, el Defensor del Pueblo citó, para la próxima semana, a los representantes legales de las EPS que recibieron los traslados de los antiguos afiliados de las liquidadas Coomeva y Medimás con el fin de verificar cómo están recibiendo a los usuarios y cómo se les está garantizando la continuidad en sus tratamientos y avanzar en el compromiso de garantizar el derecho fundamental a la salud con un trato digno.
“Desde la Delegada para el Derecho a la Salud hemos recibido múltiples quejas sobre la falta de atención y de continuidad en los tratamientos, en especial de pacientes con enfermedades graves y crónicas, pues las EPS que reciben a los afiliados de las liquidadas no han aumentado su red de atención ni ampliado sus planas de personal, por lo que los usuarios deben empezar sus tratamientos de nuevo, incluso volver al diagnóstico inicial, desconociendo los avances y tratamientos en curso, sobre todo para los pacientes que tienen enfermedades crónicas, catastróficas o ruinosas y huérfanas.”, añadió Carlos Camargo.
En los próximos días la Defensoría del Pueblo citará a Audiencia Pública Defensorial al Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, EPS, agentes interventores y liquidadores, para que expliquen los efectos negativos de las intervenciones que han terminado en la liquidación de EPS y hospitales públicos y que han generado posibles violaciones del derecho a la salud, además de vulneración de los derechos laborales del personal administrativo y sanitario de las entidades liquidadas.
En la audiencia defensorial también espera contar con la presencia de magistrados de la Corte Constitucional, los presidentes de la Comisión Séptima de Cámara y Senado, el Contralor General, la Procuradora, así como de la sociedad civil, las ligas de usuarios y observatorios de pacientes, asociación de hospitales y gremios de las EPS.
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