Desde la llegada de Gustavo Petro al Gobierno, la invasión ilegal de predios ha estado en el foco no solo de los medios de comunicación, sino también de las autoridades, para las que se ha ido convirtiendo en una preocupación creciente, por los conflictos sociales que está generando e incluso porque ha provocado reacciones que hacen temer sobre un posible resurgimiento del paramilitarismo.

Esta problemática, que no es nueva en el país, pero que se ha intensificado en la Presidencia de Petro (probablemente porque han crecido las expectativas acerca de la adjudicación de tierras), plantea unos nuevos retos para las autoridades.

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En primer lugar, porque no existen cifras únicas sobre el fenómeno y porque hay diferencias que se han ido haciendo evidentes sobre la manera de abordar el problema, y la respuesta que se debe dar para enfrentar a los ocupantes.

De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, en lo que va corrido del año se han recibido 659 denuncias en total, de las cuales 124 corresponden al delito de usurpación de tierras.

Así mismo, desde enero pasado se ha reportado la captura de 159 personas por el delito de usurpación de tierras y de 109 por invasión ilegal de tierras.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, tiene cifras diferentes sobre el fenómeno. La entidad ha identificado 108 casos de invasión de tierras, registradas en Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, pero señala que alrededor de 6.000 familias estarían ejerciendo la ocupación de predios rurales en distintos puntos del territorio nacional.

En ninguno de los dos casos, la información suministrada especifica cuáles casos de invasión permanecen activos y cuántos ya han sido superados.

Respecto de la respuesta de las autoridades, las distintas declaraciones de funcionarios del Gobierno y del Estado muestran contradicciones.

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Predios en litigio o en proceso de formalización

Para Camilo González, director de Indepaz, es mucha la confusión que existe sobre el tema de tierras, porque hay casos relacionados con predios que están en litigio desde hace muchos años, otros que son baldíos ocupados por campesinos que están en proceso de formalización, y otros más que son ocupados por indígenas que aseguran estarlos “recuperarlo”. Cada tipo de casos requiere tratamiento distinto.

Y, según reconocen los analistas, la falta de una posición clara de parte del Gobierno y la politización que se le ha dado al tema, han agravado la situación.

“Hay unos ánimos exacerbados y me parece que sí ha tenido que ver la llegada de este nuevo Gobierno”, destacó Mauricio Jaramillo, analista político. Y agregó: “No vemos de parte de Iván Velásquez información concreta. Creo que no se tiene muy en claro cuál es la posición del Ministerio al respecto”.

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