Un 31 de octubre, pero del año 2010, fue hallado sin vida el joven Luis Andrés Colmenares, caso que fue de interés nacional y conmocionó al país. Ahora, tras años de investigación, Jessy Quintero, una de las sospechosas y amiga de la víctima, reapareció con varios reclamos y con una demanda contra la Nación por los daños sufridos mientras estuvo vinculada al expediente.

Laura Moreno y Jessy Quintero fueron las principales señaladas por parte de la Fiscalía de ser las culpables de la muerte de Colmenares en aquella fría noche en Bogotá, cuando el joven salió de la fiesta y después fue encontrado muerte en un caño del parque El Virrey, al norte de la ciudad.

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Ahora, tras ser imputada por la Fiscalía por falso testimonio y encubrimiento, y absuelta en 2017, con ratificación de la entidad judicial en mayo de 2021, Quintero vuelve a ser noticia.

Y es que Quintero y su defensa venían planeando esta demanda después de que la acusada fuera absuelta del caso. Esta demanda sería en contra de la Fiscalía, la rama judicial como tal y el cuerpo oficial de bomberos. La acción ya fue radicada y está siendo estudiada por el Juzgado 59 Administrativo de Bogotá.

¿Por qué y con qué fin la demanda?

Iván Bula, abogado de Quintero, le contó a El Tiempo que este trámite busca reparar el daño causado a su defendida y a toda su familia, por lo que, según él, pide una reparación por daños patrimoniales y los morales por la responsabilidad extracontractual del Estado.

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Por estos daños, según el abogado, piden 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, principalmente, por “lo que pudo haber hecho la víctima con su vida en la privación injusta de la libertad”, afirmó el abogado al medio.

Asimismo, la demanda solicitará que tenga máxima reparación por parte del Consejo de Estado, que es alrededor de 300 salarios mínimos para Jessy, y 100 más para su madre, como para su padre, expresó la defensa de Quintero. Esto podría superar los 400 millones de pesos.

Por último, según la información del caso, reportada por la defensa, como la demanda ya fue admitida, dichas entidades vinculadas anteriormente tendrán 55 días para contestarla, como lo dicta la ley colombiana. Posteriormente, serán las audiencias y por último, el fallo por parte de un juez.

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