Como si se tratara de una autoridad aduanera o tributaria, las disidencias de las Farc le están distribuyendo recibos, citaciones y paz y salvos a sus víctimas de extorsión en el suroccidente del país, acompañados de sellos, membretes y firmas.
Esta conducta “notarial”, que refleja la manera en que esos grupos criminales suplantan las funciones del Estado en algunos municipios, se han venido “normalizando” en el último año, y esta semana se detectó el caso más reciente, en los departamentos de Huila y Cauca.
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El Gaula de la Policía capturó en el municipio huilense de La Plata a tres presuntos integrantes de la columna móvil Dagoberto Ramos, entre ellos a uno de sus cabecillas de comisión, apodado “Cristian” o “Camilo”.
Según el director Antisecuestro de la Institución, coronel Juan Miguel Thiriat, esta organización ejecuta secuestros, retiene vehículos y extorsiona a la población, entre otros flagelos.
“Se estima que (‘Cristian’) cobraba entre $50 y $100 millones anuales a diferentes empresas, para permitirles el transporte de carga sin ser objeto de atentados contra vehículos y conductores. La evidencia recaudada también lo vincula con varios ataques a la Fuerza Pública”, dijo el oficial.
Entre los casos que se le atribuyen está el secuestro de cuatro contratistas de una compañía electrificadora, en febrero de 2021, por quienes pedían $120 millones de rescate. Todos fueron liberados por las autoridades.
“Cristián”, además, convocaba a reuniones a los líderes sociales y presidentes de juntas de acción comunal de La Plata y la vecina localidad de La Argentina, para notificarles las extorsiones.
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Así fue como el Gaula se enteró de que también les entregaban recibos numerados a las víctimas que pagaban el “impuesto de guerra”, los cuales venían con logos y sellos de la columna Dagoberto Ramos.
Papelería insurgente
El pasado mes de diciembre se había detectado una conducta parecida en la ciudad de Neiva y los municipios de Tello, Bayara y Campoalegre, donde una célula disidente de la columna móvil Teófilo Forero, que trabajaba para la Segunda Marquetalia, estaba cobrando extorsiones y entregando recibos.
Uno de los documentos incautados por el Gaula era una citación para presentarse a una reunión. Esta notificación tenía los emblemas y sello de la estructura ilegal, incluyendo una marca de agua con la silueta de “Tiro Fijo”, uno de los fundadores de las Farc, ya fallecido.
En el marco de esa investigación fueron detenidos cuatro supuestos integrantes del grupo, que obtenían ganancias cercanas a los $100 millones mensuales por concepto de extorsiones a los comerciantes y finqueros. Los procesados se presentaban como “el Mayordomo”, “Sergio”, “Chichón” y “Andry”.
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En abril de 2021 se conoció otro hecho, esta vez en Cauca. En las localidades de Santander de Quilichao, Caloto y Guachené, los habitantes recibían la visita de un hombre que se identificaba como el “Sargento Wilman”, presunto integrante de la columna Dagoberto Ramos.
Este personaje repartía panfletos con logotipos de la organización, con los que intimidaba a la población para que pagaran un “impuesto” que oscilaba entre los $2 y $8 millones, “para continuar con nuestros procesos en contra de la dictadura del presidente Iván Duque, el cual solo desea tener al Cauca hundido en la miseria”, decía el volante.
Una vez recibía el dinero de la extorsión, el “Sargento Wilman” entregaba un paz y salvo firmado.
Uno de estos papeles fue decomisado por los investigadores, el cual estaba dirigido a un finquero de Guachené, anunciando que el afectado “se encuentra al día con la colaboración a nuestra causa, por ende no se realizarán acciones de hecho contra esta finca ni contra los miembros que se encuentran laborando en ella”.
El extorsionista fue arrestado en Santander de Quilichao, cuando recibía el pago de una “vacuna”.
Fuentes policiales afirmaron que la disidencias no solo usan esta documentación para llevar un control de sus finanzas, sino como forma de intimidación, reforzando la narrativa ilegal de que “ellos son los que mandan”.
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