Con la intervención del fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició este martes en Valledupar la audiencia de alegatos de conclusión en el juicio contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón La Popa, acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos entre enero de 2002 y noviembre de 2003.

Durante la diligencia, la magistrada Reinere Jaramillo volverá a preguntarle al acusado si acepta su responsabilidad. En caso de hacerlo, podría acceder a una Sanción Propia, que implica penas de entre cinco y ocho años de privación de la libertad con medidas restaurativas. Si mantiene su postura de inocencia, como ha ocurrido hasta ahora, se expondrá a una pena ordinaria de hasta 20 años de cárcel si es hallado culpable.

El proceso se desarrolla en el marco del Sistema Adversarial Transicional, diseñado por la JEP para los comparecientes que no reconocen los hechos imputados. En este caso, el coronel (r) Mejía Gutiérrez no aceptó los cargos formulados por la Sala de Reconocimiento de Verdad en 2021, en el Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.

El juicio oral y público comenzó en septiembre de 2024 y se ha desarrollado a lo largo de 13 sesiones, distribuidas en 33 días hábiles. Durante ese periodo se practicaron 55 testimonios, incluyendo el del propio acusado. En total, se decretaron 82 pruebas testimoniales a favor de la UIA, 29 para la defensa y cuatro para las víctimas.

Además, fueron incorporados 757 conjuntos de evidencia documental, entre los cuales se cuentan 1.119 documentos presentados por la UIA, cuatro por el Ministerio Público, tres informes allegados por las víctimas y 19 documentos aportados por la defensa. Todo ello bajo el principio de permanencia de la prueba, que permite valorar evidencia recolectada por distintas autoridades durante el conflicto armado.

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Durante la audiencia, cada una de las partes —la UIA, la defensa y la representación de víctimas— expone una síntesis de las pruebas practicadas para sustentar su versión de los hechos. La fiscalía busca demostrar que Mejía Gutiérrez tuvo participación, como autor o coautor mediato, en 35 hechos en los que fueron asesinadas 72 personas en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.

Una vez concluyan los alegatos, la magistratura dispondrá de hasta 60 días hábiles para emitir sentencia, que podrá ser absolutoria o condenatoria.

Desde la audiencia preparatoria, celebrada en Bogotá en julio de 2024, la magistrada Jaramillo explicó el modelo adoptado para garantizar la centralidad de las víctimas en este juicio, aun cuando el procesado no ha reconocido su responsabilidad.

Durante todo el proceso, los apoderados de las víctimas participaron activamente con preguntas y testigos propios. Las víctimas estuvieron presentes en todas las sesiones, tanto presenciales como virtuales, y recibieron acompañamiento psicosocial por parte de equipos interdisciplinarios de la JEP.

Según la JEP, este modelo busca asegurar su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral, incluso en los juicios donde no hay reconocimiento previo de responsabilidad por parte del acusado.

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