El decreto que le permite al presidente Gustavo Petro regular los servicios públicos domiciliarios ya está firmado. Y aunque gremios y académicos pidieron tener cuidado con esa iniciativa, el mandatario tendrá las facultades que, según comentó, le otorga la Constitución.

En este sentido, actores de este renglón económico estarían estudiando las opciones jurídicas en aras de determinar si, efectivamente, pueden demandar el decreto por nulidad o por inconstitucionalidad.

¿Por qué es polémico? En primer lugar, el decreto estipula que Petro asumirá las funciones delegadas en las comisiones de servicios por un periodo de tres meses, a partir de la entrada en vigencia de ese acto administrativo.

Tomarse las tareas de las comisiones por ese lapso fue la única recomendación que el gobierno incluyó en el decreto, a pesar de haber recibido 55 comentarios de las agremiaciones cuando todavía era un proyecto en curso.

Más adelante, el documento dice que las comisiones continuarán expidiendo los actos administrativos de carácter particular y el presidente se hará cargo de las responsabilidades generales. Pero, ¿qué significa eso?

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Según un experto del sector, “el problema es que nadie sabe qué es lo que eso traduce. En el decreto dice que el presidente toma las funciones generales y le deja a las comisiones las particulares”.

“Ese es el punto: ¿cuál es el alcance de esto y cómo van a hacer para no pisarse las mangueras el presidente y las comisiones?, porque hay muchas cosas que uno no sabe si son generales o particulares”, añadió el especialista.

Por ejemplo, mencionó que el funcionamiento del mercado de generación eléctrica tiene unas reglas creadas hace mucho tiempo y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) “ajusta cosas puntuales sobre el desarrollo de ese mercado. Entonces, no sabemos si eso termina siendo general o particular”.

Hay incertidumbre

En conclusión, para los expertos consultados, no están bien delimitadas las competencias que recaerán entre el presidente y las comisiones.

“Yo no sé como funcionará esto mañana; quién va tomar las decisiones y qué tipo de decisiones serán; cuáles se tomarán desde Presidencia y cuál será el alcance de ellas”, señaló el mismo experto.

Lo único cierto es que la inquietud de los gremios está muy asociada con el punto de las tarifas, pues el presidente consideró que los precios de las facturas eran elevados y eso motivó la decisión de tomarse la regulación.

En ese sentido, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) afirmó que “es fundamental que las decisiones que se tomen en temas regulatorios conserven los principios esenciales de suficiencia financiera y costos eficientes”.

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Andesco pidió que este asunto sea tratado de manera técnica y con base en las variables financieras, económicas, ambientales y sociales que hacen falta para garantizar la cobertura de los consumidores y al mejor precio posible.

Juan Camilo Restrepo, quien fue el segundo ministro de Minas durante el gobierno de César Gaviria y le hizo frente al apagón de 1992, ya había señalado los peligros de eliminar el tecnicismo en las actividades de regulación y ha explicado que la crisis vivida hace 30 años fue causada por la falta de rigor y los hechos de corrupción que en ese entonces había en el sector energético.

Precisamente, Andrés Jaramillo, ingeniero investigador de la Universidad EIA, resaltó que “todo el esquema institucional se diseñó para que Colombia tuviera uno de los sistemas más modernos del mundo”

“Durante más de 25 años el sector ha funcionado como un relojito y el riesgo que hay es que esa institucionalidad se fragmente y el gobierno se la tome con personas que no tienen ni idea de este sector”, agregó.

“Usen la institucionalidad”

Otro experto en la legislación de servicios públicos opinó que el gobierno ya tenía representación en las comisiones reguladoras.

En la Creg hay asientos para el Ministerio de Hacienda, Minas y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Y en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), están los ministerios de Vivienda, Ambiente, Salud e igualmente el DNP.

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“El mensaje es que usen la institucionalidad porque así es que se sabe hacia dónde vamos y cómo movernos. En la Creg, que está conformada por seis expertos, ya hay dos técnicos que puso el gobierno anterior próximos a salir”, resaltó el especialista.

Y adhirió: “O sea que el gobierno actual tendrá mayorías en menos de un mes y sería mucho mejor si interviene desde ese espacio y con gente capacitada”.

De hecho, la misma Creg le remitió una carta a Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, y le recordó “la importancia de mantener un marco regulatorio que sea producto de una discusión técnica entre el Gobierno, los expertos de una agencia reguladora independiente, la academia, la industria, las organizaciones de usuarios y demás partes interesadas”.

Por otra parte, Nicolás Arboleda, asociado senior de la firma Baker Mckenzie del área de minas y energía, dijo que la regulación fue delegada a las comisiones por las leyes 142 y 143 de 1994. Por ende, indicó que se requeriría de un trámite en el Congreso para que el jefe de Estado pueda reclamar las funciones.

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