En 168 municipios de Colombia los grupos armados ilegales están definiendo quiénes llegan al Congreso de la República y entre el 7% y el 10% del valor de los contratos de obras públicas en territorios con presencia armada se transfiere a organizaciones criminales como condición para operar, según las conclusiones del Encuentro de Honda 2026.

El foro fue convocado entre el 23 y el 25 de enero por la Fundación Acordemos y el diario El Espectador, y reunió alrededor de una misma mesa a más de 60 personas, entre gobernadores, alcaldes, magistrados de las altas cortes, exministros, empresarios, líderes comunitarios, indígenas, afrodescendientes, académicos, funcionarios y exfuncionarios públicos, representantes de la Iglesia católica, altos oficiales en retiro, periodistas y delegados de la comunidad internacional.

El documento de conclusiones, divulgado por las entidades convocantes, sostuvo que "la verdadera guerra política […] es la guerra por el poder territorial que cada cuatro años se libra por tener el poder político" y planteó que "hoy es más rentable tener participación en las elecciones locales y legislativas que traficar droga". En relación con la captura del sistema electoral, los participantes advirtieron que "en 168 municipios los grupos armados están poniendo estas personas […] no es elección de alcaldes, es elección de congresistas".

La instalación del encuentro estuvo a cargo de James Robinson, premio nobel de economía 2024, quien sentó el marco conceptual de la discusión en una conferencia pública en el Teatro Unión de Honda, acompañado por la defensora del Pueblo y el registrador nacional. Robinson planteó la existencia de una "relación simbiótica" entre las instituciones inclusivas de las regiones consolidadas y las instituciones extractivas que predominan en las regiones apartadas del país.

Un Estado que financia a sus adversarios

Una de las constataciones más documentadas del encuentro fue la transferencia de recursos públicos a estructuras criminales por la vía de la contratación. Las conclusiones señalaron que en municipios con presencia de grupos armados, entre el 7% y el 10% del valor del contrato va a las organizaciones criminales como "contribución" obligatoria para poder operar.

"No hay mecanismos de control que lo detecte sistemáticamente, significa que el Estado está financiando con su propio presupuesto a los actores que luego le impiden gobernar", expuso el documento.

A esa situación se sumó el diagnóstico sobre el sistema judicial: "El crimen está organizado y el Estado está desorganizado […] Tenemos normas completamente desactualizadas para enfrentar a la criminalidad de hoy […] Sigue siendo imposible que muchas pruebas lleguen a los procesos judiciales".

Los participantes registraron que el país tiene "cerca de 300.000 hectáreas de coca, que además son el doble de productivas de lo que eran hace 15 años", y atribuyeron la expansión al "incumplimiento estatal, el deterioro de la seguridad, la falta de estrategias integrales y el 'cheque en blanco' que han dado las negociaciones recientes a los grupos armados en los territorios para ejercer control".

Lea aquí: ¿Contestó y nadie habló? Así operan las peligrosas llamadas fantasmas

Sobre la profundidad de la penetración de las economías ilegales en la vida cotidiana, el documento expuso: "La gente en los territorios no habla de política ni de democracia, estamos perdiendo varias regiones del país […] Los secuestros ya no son secuestros, son simplemente citaciones para rendir cuentas […] Otra vez se normalizaron las famosas reglas de convivencia impuestas por los grupos ilegales".

Las conclusiones también indicaron que las capacidades de la Fuerza Pública, "en especial de inteligencia, se han desmontado, lo que ha disminuido la capacidad de contención de estos grupos, que se han adaptado fácilmente a la acción estatal".

Abandono del Acuerdo de Paz de 2016

Los asistentes coincidieron en que el componente territorial del Acuerdo Final de 2016 está "prácticamente abandonado". El documento recordó que ese acuerdo contiene el compromiso de reducir la pobreza rural en 50% en 15 años mediante la Reforma Rural Integral, sustentada en 16 Planes Nacionales para la ruralidad en materia de conectividad, educación, salud y comercialización, entre otros.

"Es increíble, el país lleva años enfrascado en una discusión sobre la salud, pero el Plan Nacional de Salud Rural, que ataca el verdadero déficit del modelo colombiano, la provisión de salud en zonas rurales con población dispersa, hasta ahora fue aprobado, a casi diez años de la firma del Acuerdo de Paz. Una muestra del desinterés de los gobiernos por la ruralidad", señaló el documento.

Sobre los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las conclusiones indicaron que las comunidades presentaron "más de 30.000 iniciativas comunitarias […] cuando uno va a mirar, de esas más de 30.000 […] la ejecución es supremamente baja". Y agregaron: "Las expectativas fueron mayores realmente a la capacidad real que tenía el Estado para poder ejecutar esas iniciativas […] Todo esto llevó a que se generara una desconfianza muy grande en las comunidades y que las comunidades no creyeran en los PDET".

Conozca: Ofrecen $200 millones por información sobre masacre en Marinilla, Antioquia

Las 250.000 personas que participaron en la fase inicial de diseño de los PDET, según las conclusiones, "aún esperan que cambie la realidad de sus territorios".

Asistencialismo cuatro veces mayor que la inversión

El foro presentó datos concretos sobre la relación entre asistencialismo e inversión productiva en una zona específica. En un municipio del Catatumbo, el Estado invierte 15.000 millones de pesos al año en inversión directa, pero distribuye 60.000 millones de pesos en programas asistenciales, una proporción de 1 a 4 en favor del subsidio pasivo.

"El Catatumbo produce 280.000 toneladas de alimentos y abastece las plazas de mercado de toda la costa atlántica. Eso no se reconoce, no se potencia y no aparece en ningún plan de desarrollo subregional", expuso el documento.

También se cuestionó el diseño del Sisbén, instrumento de focalización que cubre al 28% de la población rural y campesina del país: "El Sisben enseña a las comunidades a visionar la pobreza. Entre más bajo el puntaje, más beneficios. Entonces la gente esconde el televisor cuando llega la encuesta".

Las conclusiones plantearon un cambio de enfoque conceptual: pasar de la noción de "descentralización" a la de "convergencia regional". El documento explicó: "Descentralización es una arquitectura de recursos y competencias. Convergencia es un proceso político de actores —públicos, privados, comunitarios, académicos, eclesiales— que construyen juntos una visión de territorio y se reparten el trabajo".

Los participantes recordaron que Colombia tiene 1.102 municipios, "una parte significativa de los cuales no tiene la escala para prestar servicios de manera eficiente ni la capacidad para formular proyectos de inversión complejos", y que existen estudios que identifican 108 subregiones funcionales en el país y proponen su reorganización en 11 regiones.

Sobre la división político-administrativa vigente, el documento sostuvo: "Un municipio del sur de Bolívar no tiene ninguna relación funcional con Cartagena. Un paciente de La Esperanza (Norte de Santander) que necesita segundo nivel debe ir a Ocaña, y desde ahí a Cúcuta, pasando por vías que no existen o que están controladas por grupos armados. La división territorial vigente fue diseñada en el siglo XIX por Rafael Núñez para destruir el federalismo, no para facilitar el desarrollo".

Voces de los territorios

El encuentro contó con la participación de líderes y lideresas de la Confluencia Nacional de Lideresas y Líderes Comunitarios por la Paz, provenientes de zonas PDET de Antioquia, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño, Putumayo y Tolima.

Una de las voces del campo reflejó la situación rural: "El 28% de la población colombiana es campesina y aún hoy se nos margina y se nos discrimina […] Las famosas vías terciarias siguen siendo famosas, pero no por inversión sino por el deterioro […] No hay carreteras, no hay cómo sacar los productos, no hay a quién vendérselos".

En relación con la presencia institucional, los participantes apuntaron: "El Estado sí está en muchos territorios, pero llega tarde y sin capacidad para transformar realidades […] La paradoja del Acuerdo de Paz firmado, por ejemplo, es el abandono del Estado en el territorio".

Las conclusiones del Encuentro de Honda se estructuraron en cinco bloques temáticos: política y desarticulación territorial, integración territorial y pobreza rural, crimen organizado y economías ilícitas, respuesta y articulación institucional, y descentralización y movilización regional.

Entre las propuestas figuran la reforma política con enfoque territorial, el fortalecimiento del primer nivel de gobierno, la creación de centros de fusión de inteligencia, la transición de economías ilegales a legales, el condicionamiento de las transferencias al desarrollo de capacidades locales y la creación de un mecanismo de detección y control de la transferencia extorsiva en contratos públicos.

El documento citó el caso de La Guajira, donde un modelo articulado por la empresa Promigás con la gobernación, alcaldías, registraduría y comunidades llevó agua, energía, conectividad y proyectos productivos sostenibles a 25.000 personas, y el llamado "milagro fiscal de Barranquilla" de 2017, que atribuyó a "una intervención sostenida de construcción de capacidades, no de una transferencia automática" liderada por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda.

"Los PDET no fracasan por falta de ideas, fracasan cuando el Estado no actúa como uno solo, y las comunidades volverán a creer cuando el territorio sea el que decida y el Estado sea el que acompañe", concluyó el documento, que se planteó como insumo para el próximo gobierno y el Congreso de la República.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.