El Ministerio de Trabajo prepara visitas domiciliarias en todo el país: inspectores entregarán cartillas, levantarán una base de datos nacional y coordinarán con administradores de propiedad horizontal para vigilar el cumplimiento de la nueva ley laboral. El trasfondo político genera preocupación.

El Ministerio de Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino, alista un plan operativo nacional para verificar las condiciones laborales de empleadas y empleados del servicio doméstico en Colombia. Según confirmó La Opinión con fuentes de alto nivel, se desplegarán inspectores laborales que visitarán hogares en todo el país. Durante las visitas, entregarán una cartilla con derechos laborales y comenzarán a levantar una base de datos nacional con la información de este sector históricamente informal.

Aunque la cartera aclaró que los inspectores no ingresarán a las viviendas, no desmintió que el objetivo sea recopilar información directa en terreno. La estrategia se complementaría con un mecanismo inédito: una alianza operativa con administradores de conjuntos residenciales y edificios, quienes podrían ser convocados a reportar presuntas irregularidades laborales en las unidades bajo su gestión.

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¿Qué cambia con la nueva ley laboral?

Todo esto se enmarca en la Ley 2466 de 2025, aprobada por el Congreso y sancionada en junio, que introduce transformaciones profundas en la regulación del trabajo doméstico:
    •    El contrato laboral será obligatorio, por escrito y registrado en la plataforma oficial PILA, incluso si el trabajo es por horas o días.
    •    Se establece una jornada máxima de 8 horas diarias y 42 semanales.
    •    El recargo nocturno aplicará desde las 7:00 p.m., aumentando el costo para quienes requieren apoyo durante la noche.
    •    El incumplimiento puede generar multas superiores a $7 millones, según el caso.

Estas medidas obligan a cambiar la manera en que miles de hogares —especialmente mujeres trabajadoras y madres cabeza de familia— contratan ayuda doméstica.

Una masa laboral que ahora será censada

En Colombia hay más de 700.000 personas empleadas en el servicio doméstico, la mayoría mujeres, según cifras del DANE y el Ministerio de Trabajo. De ellas, cerca de la mitad sigue en la informalidad. El nuevo programa de inspecciones busca transformar ese panorama a través de:

• Entrega de una cartilla oficial que explica sus derechos laborales.
• Recolección de datos sobre condiciones de trabajo, tipo de vínculo, pagos y afiliaciones.
• Construcción de una base nacional de trabajadores del hogar, que incluiría datos personales, ubicación, afiliaciones y potenciales irregularidades.

“El objetivo declarado es empoderar a este sector y presentar al Gobierno como el que resolvió un problema de 200 años”, dijo una fuente del alto gobierno consultada por La Opinión.

Sin embargo, la misma fuente reconoce que este plan también es visto como una estrategia de impacto político-electoral, pues busca posicionar al actual Gobierno como el que “rescató” a cientos de miles de trabajadores en condición precaria.

¿Y los empleadores informales?

Uno de los sectores más afectados podría ser el de las madres cabeza de hogar, que con ingresos limitados contratan ayuda para cuidar niños, adultos mayores o personas enfermas. Muchas veces lo hacen mediante acuerdos verbales, con pagos parciales en dinero, transporte, comida o alojamiento. Es decir, un modelo de subsistencia y trueque informal.

Formalizar este vínculo, con contrato, prestaciones, salud y pensión, puede costar más de $2 millones mensuales, una cifra inalcanzable para miles de familias.

“Imponer la formalización sin medidas de apoyo es empujar a muchas familias al borde del colapso financiero o a renunciar a la ayuda”, explicó una experta en economía informal.

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El papel de los administradores de propiedad horizontal

Uno de los elementos más controversiales del plan es la activación de una red de vigilancia con administradores de propiedad horizontal. Según supo este medio, el Ministerio estudia mecanismos para que estos actores —que no tienen funciones laborales— sean vínculo de alerta frente a posibles incumplimientos dentro de edificios y conjuntos residenciales.

Esto podría derivar en una colaboración sin control judicial entre privados y Estado, que tensiona los límites de la privacidad, la legalidad y la convivencia residencial.

Formalizar el trabajo doméstico es una deuda histórica del país. Pero debe hacerse con transparencia, gradualidad y acompañamiento social. Sin pedagogía ni subsidios, las visitas casa a casa pueden convertirse en una herramienta de presión más que en un puente hacia la dignidad laboral.

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