El exsenador Liberal Mario Castaño –quien el pasado 13 de marzo logró reelegirse en el Senado con el aval del Partido Liberal, pero no se posesionó– falleció al parecer de un infarto en la cárcel La Picota, según confirmó el Inpec este sábado 18 de noviembre.
Castaño estaba en la cárcel luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias en las que ordenó su captura por la presunta participación en una red de corrupción que habría gestionado de manera irregular contratos en varias entidades del orden nacional.
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El excongresista, que no logró posesionarse, fue acusado de haber tejido una red de corrupción en varios departamentos, como Caldas, Chocó y Risaralda, con la cual logró torcer millonarios contratos a cambio de coimas para que se quedaran en manos de personas elegidas directamente por él.
Castaño se había acogido a sentencia anticipada, lo que implicó que la Sala de Instrucción de la Corte –que es la primera instancia para aforados– suspendiera la etapa de investigación y se concentrara en proyectar la condena. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia por 19 delitos relacionados con concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y otros.
Pesquisas preliminares indicaron que serían por lo menos 50 los contratos torcidos por la red corrupta de Castaño, y cuyo valor se estima en más de 43.000 millones de pesos.
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Por liderar esa red de corrupción estatal, el exsenador lo condenaron a pagar una pena de 15 años de cárcel y una millonaria multa. Por medio de la investigación, se logró establecer que Castaño habría aprovechado su experiencia como contador público y con información sobre finanzas de la nación montó un entramado de corrupción para entregar contratos de obras públicas en diferentes departamentos a cambio de millonarias coimas.
La Corte consideró que su posición política le permitió tener contacto con diversos actores del sector público (alcaldes y funcionarios) y, a través de un entramado burocrático, interferir en diferentes procedimientos administrativos y de contratación que le facilitaron a la organización alcanzar su cometido delictivo y obtener provecho ilícito en detrimento del patrimonio del Estado.
Respecto al delito de estafa agravada, el alto tribunal determinó que Castaño a través de particulares, engañó a funcionarios del Ministerio de Cultura para que creyeran que los dineros del proyecto de la Escuela Taller Salamina serían destinados de manera íntegra a ese propósito, cuando en realidad parte de esos recursos fueron desviados al patrimonio de Castaño Pérez y al de quienes intervinieron en el hecho, obteniendo así un provecho ilícito.
Además, al congresista vinculado a estos hechos de corrupción, y hermano del director de Ruta N, la Fiscalía le incautó 38 bienes en las ciudades de Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas), Quibdó (Chocó), Cartagena (Bolívar) y Medellín (Antioquia).
Con información de El Colombiano*
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