A pesar de los aumentos de penas y las campañas en contra de la violencia de género, los feminicidios en el país siguen ocurriendo. Incluso, de manera lamentable, vuelven a producirse en lugares en donde ya se habían presentado.

La última víctima de la crueldad contra ellas fue Stefany Barranco, quien perdió la vida a manos de su excompañero sentimental en el Centro Comercial Santa Fe de Bogotá. En 2017, Claudia Giovanna Rodríguez, empleada de una óptica del mismo centro comercial, perdió la vida a manos de su expareja.

¿Por qué el país no logra frenar este tipo de delitos? ¿En qué estamos fallando para que las mujeres sigan siendo agredidas y asesinadas?

Según cifras proporcionadas por la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, en lo corrido de 2024, se han registrado en el país 90 feminicidios, es decir, casi 4 casos por semana, de los cuales 61 fueron a manos de sus parejas o exparejas.

Así mismo, la Defensoría del Pueblo reportó 1.310 casos de violencia en contra de la mujer en los dos primeros meses del año, 59 de ellos “corresponden a mujeres que sobrevivieron a un intento de feminicidio y nueve, a mujeres víctimas de feminicidio”.

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Por otra parte, el Observatorio Colombiano de Feminicidios registró hasta el mes de abril un total de 271 feminicidios, 80 de ellos tan solo en el mes de marzo con presencia en dieciocho departamentos del país, es decir, en el 56% del territorio nacional.

En comparación al año anterior, las cifras para el 2024 no parecen disminuir. En 2023, Colombia registró 630 feminicidios, casi dos por día. De estos, solo el 7,3 % resultaron en ejecución de penas.

Del total de crímenes registrados, el 54% estaba en indagación, el 8,6% en investigación y el 47,3 % en juicio.

Barreras institucionales y un problema persistente

De acuerdo con el reporte entregado por la Defensoría del Pueblo, el principal problema que perpetúa la violencia en contra de las mujeres son las barreras institucionales en la atención a las víctimas de violencia basada en género (VBG), que, además, terminan por constituir una forma de violencia institucional. 

Una de las barreras más preocupantes es el vencimiento de términos en casos de feminicidios, lo que ha permitido que incluso los agresores capturados en flagrancia o que se entregaron a las autoridades hayan sido liberados.

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Otro problema crítico encontrado por la Defensoría tiene que ver con la insuficiente implementación de casas de refugio y albergues para mujeres en riesgo.

A finales de 2023, solo siete casas refugio operaban a nivel departamental en Colombia, cubriendo menos del 40% de los departamentos del país.

Además, hasta este año, solo 11 casas de acogida están en funcionamiento. Esta falta de infraestructura ha dejado a muchas mujeres desprotegidas y, en muchos casos, las ha obligado a regresar con sus agresores.

Sumado a esto, las Comisarías de Familia, que son la primera línea de defensa para muchas mujeres, también enfrentan un déficit significativo en términos de infraestructura y recursos que permitan ofrecer una respuesta inmediata a los casos de violencia contra las mujeres.

Necesidad de un enfoque integral y una respuesta institucional coherente

Es importante recordar que el feminicidio en Colombia fue tipificado como delito a través de la ley Rosa Elvira Cely (1761 de 2015) en la que se establece el feminicidio como “la muerte de una mujer, por su condición de ser mujer o motivos de su identidad de género”.

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Principalmente se caracteriza por motivaciones que inician por el odio o el desprecio hacia las mujeres, y que, en numerosas ocasiones, suelen estar acompañadas por una serie de actos de violencia contra la víctima, como la violencia física, psicológica, sexual o económica.

Según el informe “Vivir sin miedo” de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), para frenar la violencia contra las mujeres es fundamental adoptar un enfoque integral que aborde las raíces del problema y fortalezca las respuestas institucionales.

En ese sentido, el informe arroja una serie de recomendaciones que van desde el fomento a la educación en términos de igualdad de género, y el fortalecimiento e implementación efectiva de leyes existentes y nuevas políticas que protejan a las mujeres.

Al igual que campañas de sensibilización que aborden la respuesta cultural a los roles de género y a la normalización de la violencia y servicios de apoyo accesibles, como refugios, asistencia legal y psicológica, e incentivos económicos que propicien la libertad económica de ellas.  

Aunque se han hecho avances en la legislación y en la creación de programas de apoyo, las barreras institucionales y la falta de recursos continúan dejando a muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema.

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Para Andrés Rodríguez, secretario de la Red Aviva, el principal problema estatal radica en la forma en cómo se aborda el delito y el desconocimiento del mismo.

“No basta con hablar de cifras, detrás de lo que él Gobierno ve como números, hay familias. Cuando una mujer es víctima de feminicidio se rompe el tejido social y la estructura de una familia, más aún cuando se trata de mujeres cabeza de hogar que dejan hijos desprotegidos en manos de sus victimarios”, aseguró Rodríguez.

Además, precisó que debe haber un enfoque de género en las instituciones a cargo de las investigaciones por feminicidio, para que desde entidades como la fiscalía y la policía no siga existiendo “una naturalización de la violencia y una desnaturalización humana con las víctimas y sus familiares”.

Carol Rojas, coordinadora del Observatorio Colombiano de Feminicidios, aseguró que uno de los principales retos que enfrenta la legislación es la comprensión que hay alrededor de lo que se considera o no como feminicidio.

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