El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que presentará una denuncia penal contra Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, por haber confesado que promovió los bloqueos que se llevaron a cabo el pasado miércoles 28 de mayo, durante el primer día de paro citado por las centrales obreras.

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Al finalizar la jornada, el presidente de la CUT dijo abiertamente que varios "compañeros" realizaron bloqueos al servicio de transporte y que aquello obedecía a la manera en cómo se iba a llevar a cabo el paro.

"Estos dos días han sido completamente de anormalidad en la vida rutinaria de los bogotanos, derivado de las apreciaciones que diversos compañeros lograron realizar bloqueando el transporte masivo de Transmilenio, que era una de las tantas formas que teníamos para realizar este paro nacional", afirmó el dirigente sindical.

Ante sus declaraciones, se han generado varias posturas al respecto, no solo por parte de la alcaldía, sino de otras figuras importantes como la secretaría de seguridad de Bogotá o el exministro de justicia, Andrés González Díaz, los cuales han pedido, de forma pública, sancionar a Arias por su declaraciones debido a que no solo incurrió en acciones penales, sino también vulneró los derechos colectivos de la ciudadanía.

"Bogotá no puede permitir que eso suceda, por eso con base en esa confesión mañana mismo Bogotá va a presentar la denuncia penal, para que sea la justicia la que investigue y determine esa responsabilidad", afirmó Galán en sus redes sociales.

El mandatario local también sostuvo que no se trató de un hecho aislado, sino "una acción deliberada de quienes convocaron el paro, básicamente para afectar los derechos de la gente; gente que se desplazaba al trabajo, a la educación, a acceder a atención médica, básicamente para joder a la gente", anotó Galán.

A su vez, y en una intervención en la FM de RCN, Galán también señaló que el hecho de que Arias asegurara que dichas acciones de vandalismo "no eran un hecho en aislado, sino que hacían parte de la manifestación", no solo representó una vulneración del código civil, sino también de los derechos colectivos de la gente, y por lo mismo debía ser sancionado.

"Ese derecho a la protesta no es ilimitada, no significa que puedan hacer lo que se le da la gana para joder a la gente. Tienen que entender que hay un límite, pueden manifestarse, pero tienen que respetar los derechos derechos de los demás y no poner en peligro a las personas", agregó el mandatario.

En la emisora, el secretario de seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo aseguró que " la instrumentalización de menores, violencia y destrucción no están amparados por ningún derecho constitucional, son un abuso del derecho a la protesta". Esto, luego de que dos menores de edad fueron capturados en el barrio de Yomasa, al sur de Bogotá, donde también un grupo de jóvenes saqueó un Ara y amenazó con armas a los funcionarios del lugar.

Por parte del el exministro de Justicia, si bien Díaz reconoció la importancia del derecho a la protesta dentro de cualquier democracia, advirtió que debe ejercerse de manera pacífica y con respeto por los derechos de los demás.

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“De lo que se trata es de que existan buenos equilibrios. En todas las sociedades hay conflictos, hay diferencias, pero hay que saber cómo tramitarlas, y siempre debe ser por los caminos establecidos en la ley", aseguró.

¿Qué dicen los abogados?

En este momento las opiniones se encuentran divididas debido a que el único que puede definir si Arias cometió o no un delito es un juez y para esto es necesario que la Fiscalía investigue los hechos e impute los delitos que se han podido realizar, así lo explicó Camilo Cuervo Díaz, laboralista de Holland & Knight, quien explicó que para poder entender si hubo o no un delito, se necesita entender si dentro de las manifestaciones estaban autorizados los bloqueos.

"Independientemente de si cometió o no un delito, pues eso solo lo puede definir un juez, el presidente de la CUT debería ser el primer interesado en velar por los derechos de los trabajadores y paradójicamente, durante el paro, las personas más afectadas con estas movilizaciones y bloqueos fue la gente más humilde que esta afiliada en la CUT, que apoya el proyecto político de Arias y del gobierno", aseguró.

Juan Francisco Navarrete, por su parte, explicó que desde una óptica legal, es procedente que las autoridades investiguen si las acciones y declaraciones de Arias encajan en esta tipificación penal y con la denuncia de Galán se puede determinar la existencia de la responsabilidad penal.

¿Este caso se podría relacionar con el de "Epa Colombia" ?

Aunque en un inicio se podría pensar que sí podría ser así, la verdad es que, según explicó el abogado, el caso de difiere significativamente con el de Fabio Arias debido a que Barrera fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por delitos como instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público, tras haber destruido una estación de TransMilenio y difundir el acto en redes sociales.

En el caso de Arias, este no ha sido, por ahora, denunciado por actos materiales de vandalismo, sino de haber promovido bloqueos al sistema de transporte. "Para que se le imponga una pena similar, la Fiscalía tendría que demostrar que sus acciones constituyeron instigación a delinquir con fines terroristas, lo cual requiere probar que hubo una incitación directa a cometer delitos graves con la intención de generar terror o desestabilización. La jurisprudencia colombiana establece criterios estrictos para esta tipificación, por lo que aplicar la misma pena dependerá de las pruebas y circunstancias específicas del caso". Aseguró el abogado.

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Sobre los delitos por los que la Fiscalía podría iniciar investigaciones contra Arias, Navarrete mencionó la perturbación en servicio de transporte público, el cual se encuentra estipulado en el artículo 353 del Código Penal; la instigación a delinquir, que se encuentra en el artículo 348 y el daño al bien ajeno, estipulado en el artículo 265.

"La gravedad de las consecuencias legales dependerá de la evidencia que la Fiscalía recolecte y de la interpretación judicial de las acciones y declaraciones de Arias requiere un análisis detallado de las acciones específicas y las pruebas disponibles", agregó Navarrete.

Tomado de La República / Asuntos Legales 

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