El rastro de violencia que dejó el secuestro de Diana Ospina el pasado 22 de febrero y el crimen del profesor Neill Cubides en enero parecía, en principio, seguir rutas distintas en el mapa delictivo de Bogotá. Sin embargo, la investigación del Gaula, Sipol y Sijin lograron tejer un vínculo: el propietario del taxi utilizado en ambos crímenes es el mismo.

La revelación la hizo el alcalde Carlos Fernando Galán, quien confirmó la captura de los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, señalados como los responsables directos de someter a Diana Ospina tras salir de la discoteca Theatron.

La cronología de los hechos dibuja un sistema de justicia burlado. Diego Armando Gómez, conocido como alias ‘Pachanga’, actuaba como el cabecilla de la banda. Lo hacía mientras, teóricamente, cumplía una condena bajo la modalidad de casa por cárcel tras haber pasado tres años tras las rejas por hurto y porte ilegal de armas.

Junto a él, su hermano Juan Pablo, alias ‘Pablito’, quien había abordado al Gaula para simular inocencia, era el encargado de conducir el taxi que Diana abordó confiada la madrugada del 22 de febrero. “Operaba como conductor de día y ladrón de noche”, detalló el alcalde.

“Los asaltantes intimidaron permanentemente a la mujer para obligarla a entregar dinero en efectivo y facilitar el acceso a sus cuentas bancarias y otros productos financieros, logrando así apoderarse de 40 millones de pesos”, señaló el ente investigativo.

La reconstrucción de los hechos muestra que Diana Ospina, salió de una discoteca en Chapinero, tomó un taxi tras despedirse de una amiga y, como medida de precaución, envió la placa del vehículo a sus conocidos. Fue la última señal clara de su paradero. Minutos después, según la investigación, el recorrido dejó de ser un trayecto común. Un carro particular siguió el taxi hasta el barrio Santa María del Lago. Allí, varios hombres abordaron el vehículo, la intimidaron y la obligaron a entregar dinero y acceso a sus cuentas.

Tras los hechos, los hermanos Gómez Cardozo intentaron borrar su rastro, cambiaron cuatro veces de casa, eliminaron sus redes sociales y usaron teléfonos internacionales. Incluso, alias ‘Pablito’ se presentó ante el GAULA para simular inocencia. El pasado sábado 28 de marzo, operativos simultáneos en Kennedy y San Cristóbal terminaron con su captura.

El caso de Diana Ospina guardó similitudes con la tragedia de Neill Felipe Cubides Ariza, el docente desaparecido el 15 de enero cuyo cuerpo apareció calcinado días después. Galán fue enfático en señalar que la solidez de las pruebas actuales permite ver una red organizada detrás de estos vehículos de servicio público.

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”Hay vínculos inclusive entre los dos casos, como el carro, el taxi, digamos, la propiedad del taxi es el mismo propietario de los dos casos, lo cual evidencia pues un vínculo de un patrón de actividad criminal de estos sectores”, afirmó el alcalde.

Más allá del éxito operativo, Galán aprovechó para marcar una postura firme frente a la política de seguridad nacional, criticando la visión que justifica el delito por carencias sociales. “No podemos romantizar a los delincuentes y decir que justicia es venganza, no, la justicia es necesaria y es fundamental para restablecer el orden”, afirmó.

Los hermanos Gómez Cardozo aceptaron cargos por secuestro extorsivo agravado y hurto calificado. Según las estimaciones de la Alcaldía, enfrentarían una pena no menor a los 24 años de prisión.

¿Qué sigue para los señalados del crimen de Neill Cubides?

Mientras los hermanos Gómez Cardozo ya aceptaron su responsabilidad en el caso de Diana Ospina, el proceso por el homicidio del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides Ariza, toma un rumbo distinto.

La Fiscalía General de la Nación imputó a los cuatro detenidos los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado, además de ocultamiento de elementos materiales probatorios, debido al intento de desaparecer el cuerpo del docente mediante incineración en la zona rural de Usme.

A diferencia del caso Ospina, los cuatro implicados no aceptaron los cargos durante las audiencias preliminares. Ante esta negativa y la complejidad del material probatorio, que incluye rastreos de GPS, cámaras de seguridad en cajeros automáticos de los sectores de Venecia y Fátima, y el análisis de transacciones.

El alcalde dejó claro que la investigación sigue abierta, mientras se continúa con la búsqueda de otros presuntos implicados en la cadena criminal para evitar que los señalados sigan siendo una amenaza. Según Galán, la investigación no termina aquí “Ahí faltan algunos también, en ese caso faltan varios también en ese caso, y la policía está detrás de ellos”.

En medio del avance de las investigaciones, el secretario de Seguridad, César Restrepo, puso el foco en la responsabilidad dentro del servicio público de transporte y la necesidad de controles más estrictos. “Quien conduce un taxi es responsable de la vida e integridad de su pasajero. Urge un registro público de conductores con verificación de antecedentes para evitar la infiltración de criminales y proteger al gremio y a la ciudadanía”, advirtió el funcionario.

En paralelo, Galán se refirió a los recientes hechos de inseguridad en la ciudad y fue enfático en que no se trata de una percepción, sino de un problema real que impacta a Bogotá. Si bien señaló que este tipo de delitos ha registrado una reducción del 23%, reconoció que la disminución aún es insuficiente frente a la magnitud del fenómeno.

Asimismo, advirtió que las estructuras criminales han evolucionado en sus métodos de operación, incorporando estrategias más “profesionales” para evadir a las autoridades, como el uso de tapabocas, guantes y vehículos con placas alteradas. Estas prácticas, explicó, evidencian un mayor nivel de organización y representan un desafío adicional para las labores de investigación y judicialización.

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