A través de un decreto firmado por el Ministerio de Defensa, se ordenó retirar las medallas que el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales recibió luego de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985.
De acuerdo con el acto administrativo, la decisión se fundamente en el Decreto 1070 de 2015, donde se establece la pérdida de las condecoraciones militares para uniformados condenados por delitos dolosos, como ocurrió con Arias Cabrales, sentenciado en 2011 con confirmaciones en 2014 y en 2019.
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Arias Cabrales fue condenado por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá en 2011 a 35 años de prisión como responsable del delito de desaparición forzada. El Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, confirmó la pena, al igual que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
"Ordenó la retención y custodia de los retenidos, de aquellos que salieron vivos del Palacio, en medio de una acción que él personalmente dirigió", aseveró la Corte en 2019, cuando destacó que "la desaparición de los 'capturados' corresponde a un plan estratégicamente diseñado desde cuando se inició la operación".
Arias intentó ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mientras cumplía su sentencia, pero ese órgano de justicia transicional lo rechazó en marzo y en agosto del año pasado. La JEP subrayó que el exoficial "no ha satisfecho el derecho a la verdad de las víctimas", pues negó su responsabilidad en las desapariciones por las que condenado.
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"No ha cumplido con sus obligaciones con el sistema y, sobre todo, continúa defraudando los deberes derivados de su sometimiento a esta Jurisdicción", anotó la Sección de Apelación de la JEP, al excluir a Arias Cabrales y mantener en firme la sentencia impuesta en su contra por la justicia ordinaria.
Tras esas consideraciones y la sentencia con la que la Corte IDH resolvió que Colombia es responsable de varias desapariciones y ejecuciones extrajudiciales cometidas el 6 y 7 de noviembre de 1985, el Gobierno expresó en el decreto que es obligación del Estado "tomar todas las medidas establecidas que persigan la sanción y el repudio" de la desaparición forzada.
Siendo así, el excomandante del Ejército pierde su Medalla por Servicios Distinguidos en Orden Público, que obtuvo en 1985; la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño en grado de Gran Cruz, que recibió en 1986; la Orden al Mérito Naval Almirante Padilla en grado de Gran Oficial, entregada en 1989; y la Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico en grado de Gran Oficial, del mismo año.
El acto administrativo fue firmado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, como ministro de Defensa ad-hoc. En abril, cuando a esa cartera llegó la solicitud de retirar las condecoraciones al exmilitar, el ministro Iván Velásquez se declaró impedido, puesto que en el pasado fue abogado de Helena Urán, una de las peticionarias.
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