Las autoridades desmantelaron una red dedicada a la extracción y comercialización ilegal de oro en el nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, una actividad que habría provocado daños ambientales significativos y movilizado millonarios recursos de origen ilícito.
Cinco presuntos articuladores del entramado fueron presentados ante un juez, señalados de coordinar frentes de minería ilegal, el transporte del mineral y la administración de las ganancias, en una operación que, según la Fiscalía, contó con apoyo de estructuras criminales y con pagos para obtener alertas anticipadas sobre operativos oficiales.
Los implicados son, según la Fiscalía, María Consuelo Jiménez Salazar, quien sería la encargada de administrar el dinero producto de esta actividad ilegal y coordinar la obtención del metal y su venta; así como Yurley Orrego Trujillo y Luciano Antonio Arbeláez Ochoa, presuntos administradores de varios frentes de explotación ilícita de minerales.
Además de Jhon Wilmar Cabrera González, que tendría a su cargo el transporte de repuestos y la contratación de mecánicos para la reparación de la maquinaria amarilla utilizada en los entables mineros; y Bernardo de Jesús Orrego Barrios, al que se le atribuye el préstamo de un título minero para legalizar tres lingotes de oro que le fueron incautados a uno de los integrantes de la organización y así evitar su captura.
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La investigación estableció que la organización utilizó maquinaria pesada en zonas ambientalmente sensibles y recurrió a mecanismos para aparentar legalidad del oro extraído, entre ellos el uso irregular de un título minero para eludir controles de las autoridades.
Además del impacto ambiental por la degradación de suelos y fuentes hídricas, el grupo habría asegurado protección armada para sostener las labores de extracción y comercialización del metal.
Los procesados enfrentaron cargos por concierto para delinquir con fines de explotación ilícita de yacimientos mineros, extracción ilegal de minerales y fraude procesal. Cuatro aceptaron los cargos y quedaron con medida de aseguramiento en detención domiciliaria.
Como parte del operativo, la Fiscalía impuso medidas cautelares sobre bienes avaluados en más de $373.000 millones, incluidos activos mineros, en uno de los mayores golpes económicos recientes contra la minería ilegal en el país.
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