“Acabar con este Sistema de Salud” son las palabras que se leen en una presentación –al parecer de power point– en la que están presentes los principios por los que se regirá el proyecto de ley para reformar el sistema de salud colombiano.
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El documento, que se entregará al Congreso, agregra también: “construir otro en el que la vida y la salud de quienes tienen dinero, no valga más que la vida y la salud de quienes no lo tienen”.
Así mismo la ministra de Salud, Carolina Corcho, dio otras pinceladas de la operación que el gobierno quiere hacerle al sistema. En entrevista con Daniel Coronell habló de metas, cambios y de una frase que repitió en cuatro oportunidades: “construir sobre lo construido”.
Incluso, con un tono más conciliador que el que se le escuchó en un acto público a mitad de mes en Villavicencio, le reconoció aspectos positivos al sistema y a la Ley 100 de 1993, que lo estructuró. “No se va a acabar el aseguramiento, que fue un logro importante de la Ley 100, en el sentido de que es la manera en la que se financia el sistema”, aseguró.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro dijo, desde Duitama (Boyacá), que “reformarán el sistema de salud de una manera inteligente para que no muera más gente sin atender y dejemos de tener una de las tasa de mortalidad más altas de la OCDE”.
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El documento que podría orientar el texto que se debata en el Congreso gira en torno a defender la seguridad social, descentralización político administrativa, “todos ponen”, control de los recursos por parte del Estado, manejo técnico de los recursos y terminar con la “gran inequidad del sistema actual”.
Seguridad social
En este punto el documento señala que esto “permitió construir los estados de bienestar y sociedades con economías de mercado más equitativas”. Por lo cual lo defenderán, ya que “garantizó mayor calidad de vida y estabilidad económica de las familias de los trabajadores”.
“Todos ponen”
Este punto habla sobre la financiación de la salud y la seguridad social, que debe ser tripartita. Por ello, “las empresas, trabajadores, independientes y rentistas de capital deben aportar sin excepción a fondos parafiscales”; los trabajadores, independientes y rentistas “en proporción a su ingreso”; así como las empresas “en proporción a los contratos realizados por trabajos o servicios personales”.
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Descentralización y participación
Este punto habla de estos dos aspectos como una “condición indispensable para garantizar que los gobiernos territoriales asuman el control de las condiciones de vida y salud en el territorio” de los ciudadanos por medio de la participación de ellos.
El Estado controla los recursos
Esta parte de la presentación parte de la premisa de que “no existe tal oposición entre Estado y mercado, sino una relación indisoluble” y aclara que no se pretende estatizar la salud del país, sino que el Estado tenga un “mayor control para garantizar el derecho a la salud, acompañado de herramientas de manejo técnico y transparencia en el uso de los recursos”.
Al respecto, la funcionaria expresó que este control lo tendría la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y que recuperaría la figura del Consejo Nacional de Seguridad Social –estipulada en la Ley 100– que estaría encargada de discutir las políticas públicas en salud.
“Fin a la inequidad”
Según el archivo, que va en vía del discurso del Gobierno contra las entidades promotoras de salud, “tres décadas de privatización de la salud en Colombia han naturalizado y consolidado la segregación de los ciudadanos en función de su capacidad económica”. Por esta razón, señala que será “requisito inexorable” que se acaben “los negocios de la salud “ y agrega: “o lo que es igual, acabar con este Sistema de Salud”.
En función de estos puntos, Carolina Corcho habló de que los servicios de salud estarán a cargo de las redes integrales (RISS) y se prestará mediante la estrategia de atención primaria integral y resolutiva. Incluso, auguró que quieren construir 2.500 centros de atención primaria en las zonas rurales apartadas del Colombia en donde no hay privados y pocos puestos de salud, que tendrían un costo de $1.500 millones.
Por otro lado, anunció que pretenden recalcular la unidad de pago por capitación (plata que gira anualmente el Estado a través de la ADRES a las EPS por cada afiliado) a un plazo de diez año para que el 27 % de los recursos queden en un nivel primario y preventivo.
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“Pongámonos por encima de la pugnacidad política, porque es la vida lo que está en juego”, fue otra de las invitaciones de Corcho a quienes han mostrado sus reparos a lo que plantea la reforma. “A veces partimos de que estamos en una maravilla, pero los indicadores trazadores de mortalidad en Colombia no son defendibles”, añadió.
¿Y en qué quedamos?
Si bien la ministra hizo esa apreciación sobre la mortalidad en el país, un chequeo de datos rápido permite, al menos, poner en duda la totalidad de esa afirmación. Si bien la mortalidad en general no es un indicador que esté en cero –como sería lo deseable– son índices que han mejorado en los últimos 30 años, desde que entró en vigencia la Ley 100.
Solo el índice de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacimientos pasó de 16,73 en 1993 a 12,36 en 2003, de esa cifra a 9,03 en 2013 y de esta a 7,2 en 2020. Una reducción del 56 % en ese periodo.
Al respecto, el profesor de economía y experto en salud de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, señaló que “hemos visto cómo a la ministra y quienes la apoyan les gusta elegir cifras específicas, como la mortalidad materna (que se redujo al 50 % en 2014), pero no les gusta hablar de los indicadores en los que mejoramos en 30 años”.
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Por su parte, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) dijo sobre las declaraciones de Corcho y del contenido del documento para la reforma que “el proyecto no se conoce porque no lo tiene, tanto es así que para poder hacer críticas toca sacarlo de sus declaraciones en medios, en donde ha sido insistente en acabar las EPS, que es igual que acabar el sistema”.
A su vez, el vocero del movimiento Pacientes Colombia, Denis Silva, añadió que sin el documento oficial no se puede establecer de dónde saldrán los recursos para financiar los centros de atención primaria en las regiones rurales apartadas, puesto que “si no hay documento que aclare cómo lo van a financiar y de dónde sacaremos el talento humano, ¿qué meta podemos esperar así?
“La pregunta no será por cuánto cuestan los edificios de esos centros, porque lo que es caro es tener el personal que tengan las características para esa labor, porque no hay médicos especializados sufientes ni dispuestos a irse a esas zonas por los pagos precarios que hay”, añadió al respecto Paúl Rodríguez.
Sin ir más lejos, los interrogante sigue siendo el mismo desde que inició el gobierno: ¿cómo se construye sobre lo construido si el plan es “acabar con este sistema”? ¿Se puede construir algo así si se quita la base y el núcleo del sistema, que son las ESP?
“Es una visión ideológica bastante retrógrada”
En entrevista con EL COLOMBIANO, el exministro de Salud Fernando Ruiz Gómez –quien estuvo al frente de toda la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19– se refirió a la reforma a la salud, la gestión de Corcho, su negativa a dar a conocer el texto completo del proyecto y las movidas políticas detrás de su futura discusión en el Congreso.
¿Cree que la reforma estará cimentada en aspectos técnico o en luchas ideológicas?
“Es una reforma que viene desde una visión ideológica bastante fanática y muy retrógrada que nos retrocede a unos sistemas públicos que en el mundo fueron superados, pero que se puede ver como una victoria desde algunas corrientes ideológicas muy retardatarias y demasiado conservadoras. Es lo que veo cuando aparecen líderes totalmente desconocidos en el sector salud haciéndole auge a la reforma”.
¿Por qué cree que el Ministerio ha estado reacio a compartir el texto de la reforma?
“Se me ocurre que es porque no lo tienen terminado y solamente están haciendo declaraciones. O también que obedezca más a una estrategia de generar un desconcierto y una incertidumbre a nivel de todos los entes, incluso del propio Congreso de la República, para simplemente a último momento entregar al Congreso un proyecto de ley con la expectativa de que una aplanadora gubernamental que seguramente va a aprobarla a pupitrazo. Eso sería absolutamente nefasto porque es la reforma social más importante que puede tener una sociedad, pues afecta a 52 millones de colombianos. Es mucho más relevante que cambiar la educación pública, que cambiar el sistema de bienestar o el mismo modelo laboral”.
¿Espera que en el Congreso le pongan atención a esos puntos que le preocupan?
“He escuchado en los últimos días voces razonables desde algunos de los partidos que están en la coalición de gobierno, incluso personas más cercanas al Pacto Histórico que no están de acuerdo con lo que están planteando. Esto ocurre porque creo que ellos tienen muy claro que que esos efectos pueden terminar en una crisis global del sistema de salud que generaría un efecto sobre la posibilidad de que los congresistas sean reelegidos después porque es clarísimo que el país se lo estaría exigiendo y los estaría marcando como responsables de la hecatombe que se puede generar en el sistema”.
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¿En qué afecta no conocer el texto?
“Es muy grave porque no permiten tener un análisis objetivo y mucho más grave si se junta con el planteamiento que está haciendo la ministra acerca de que esta reforma es una discusión completa. De hecho, el presidente de la Federación Médica Colombiana decía que venía trabajando en ese texto desde hace ocho años. Así es realmente incomprensible como no hay texto, pero sí un proceso que aparentemente lo respalda”.
¿Qué implicaría eliminar las EPS?
“Tiene unas implicaciones que es necesario poner de frente a los colombianos. Si se cambian o se eliminan las EPS como aseguradores, ¿quién la va a reemplazar? ¿Cómo se va a tramitar y que va efectos va a tener eso? Hoy un paciente que tiene una enfermedad llama a su EPS y pide una cita. Se le otorga la cita a los dos o tres días. A veces se demora más por carencia de médicos, pero se le asigna a la cita. La persona obtiene la cita o su tratamiento. Pero si no tiene tratamiento o se le demoran en atenderlo, puede poner una tutela a la EPS para que le den su tratamiento. En 15 días, un juez la obliga a prestárselo. Entonces, que pasen a un sistema completamente público, ¿los pacientes qué van a hacer? ¿Van a ir a un hospital o un centro de salud? ¿Tiene que ir a pedir la cita y después tiene que ir a que los atiendan? Esto es una regresión a lo que sería un sistema de hace 30 años”.
¿En qué está de acuerdo con lo que propone la ministra?
“En la atención en salud en zonas dispersas y más rurales de Colombia. Evidentemente hay problemas para lograr que la gente tenga la misma calidad y el mismo acceso a los servicios que tienen poblaciones de las zonas urbanas. Son menos de 10 millones de personas que realmente viven allí, pero es donde sí se justifica plenamente implementar un modelo diferencial que permita la atención. Es un modelo absolutamente necesario y creo que hay componentes de lo que se plantea que creo que son absolutamente pertinentes y que pueden favorecer en el desarrollo de toda la reforma”.
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¿Qué es lo mejor y lo peor del sistema de salud colombiano?
“Lo mejor es la cobertura que hemos tenido, la protección financiera y el bajo gasto de bolsillo. Es un sistema que le da a la gente la posibilidad de tener la adecuada atención. Y lo peor, las deudas que tenemos en salud rural”.
¿Qué consejo le daría a Carolina Corcho?
“Como persona que ha dedicado 40 años de su vida al sistema de salud me toca tener la responsabilidad personal e histórica conmigo mismo de decir las cosas. Entonces le diría que reflexionara un poco y que mirara más allá de la ideología. Que mire al sistema de salud desde una visión mucho más técnica y mucho menos apasionada desde visiones ideológicas que al final nos van a llevar a una crisis de salud”.
Fuente: El Colombiano
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