Hacerse el de la vista gorda fue la actitud permanente de Daniel Quintero cuando era alcalde de Medellín y llovían las denuncias sobre presunta corrupción en el Hospital General (HGM), el más importante de la red pública de la capital antioqueña. Por eso ahora muchos en esta ciudad se preguntan con qué cara afrontará la vigilancia del sistema total en el país, si se posesiona, como parece que lo haría, como Superintendente de Salud, por designación del presidente Gustavo Petro.

Finalmente, al término del periodo de Quintero en diciembre de 2023, el General estaba en rines y con varios servicios inoperantes debido al presunto desgreño; su director de entonces, Mario Fernando Córdoba, sigue envainado por varias investigaciones en entes de control, como Procuraduría y Personería por presuntas irregularidades contractuales, acoso laboral y negligencia médica.

Entre los cargos en su contra hay uno por la supuesta contratación irregular de $1.865 millones y otro por la muerte de un niño que llegó al centro asistencial y pereció presuntamente por la falta de un especialista que lo atendiera.

En su momento, varios medios, entre ellos EL COLOMBIANO, publicaron informes donde se daban pruebas de cómo el HGM se le habría entregado desde que comenzó la administración Quintero a una familia para que manejara la contratación en HGM y en el Hospital Infantil Concejo de Medellín.

Hasta las gasas empezaron a escasear en el General, el personal asistencial hacía paros constantes por las demoras excesivas en sus honorarios; el sindicato del centro tuvo siempre el dedo en la llaga mostrando el deterioro, pero jamás fue escuchado.

Quintero jamás tuvo ni siquiera un pronunciamiento ni una respuesta pública ante las quejas y le mantuvo el apoyo hasta el final de su periodo a Córdoba.

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Ni siquiera hubo una actitud activa de parte de Quintero, ni un pronunciamiento suyo, luego de que se hiciera público el drama de un bebé de apenas 21 días de nacido que pereció el 21 de septiembre de 2023 y que fue remitido al Hospital General con una afección respiratoria que tenía un origen genético.

Es cierto que la situación del pequeño era delicada, pero una intervención que necesitaba de urgencia no se hizo a tiempo porque no había un cirujano pediatra debido a que “el contrato con el Sindicato de Cirujanos de Colombia, quien prestaba el servicio de personal de servicio médico, presuntamente habría finalizado y se habría quedado sin fondos, generando un problema administrativo, que habría causado el deceso del menor, ya que el Hospital General de Medellín no contaba con el especialista”, según conceptuó la delegada de la Personería de Medellín que asumió la indagación contra Córdoba.

Mientras que en 2021 los estados financieros del HGM registraban ganancias por $17.148 millones, en el 2023 tuvo pérdidas por $129.000 millones, según los datos oficiales.

Quintero le entregó el HGM al nuevo alcalde, Federico Gutiérrez, con una crisis financiera y reputacional sin precedentes.

“No solo creció la burocracia, sino que se dejaron de prestar servicios. La deuda con los proveedores era de $120.000 millones, más $9.400 millones de deuda con especialistas, habían cerrado 7 camas de UCI neonatales, dos quirófanos, dos UCI de adultos, otras 4 camas de hospitalización cerradas, no había insumos, ni medicamentos”, fue el diagnóstico que hizo el secretario entrante de Hacienda del Distrito, Orlando Uribe.

El plan de choque que tuvieron que implementar los nuevos administradores de la ciudad requirió una inyección de 104.000 millones en el primer año.

Y la situación en los demás eslabones de la red pública hospitalaria (Metrosalud), de la que dependen otros nueve hospitales y más de 50 centros de salud, no fue mucho mejor, pues también faltaron siempre suministros y se llegaron a cerrar servicios de vacunación y de urgencias.

En enero de 2023, el último año de la administración Quintero llegó al punto de que se dieron a la vez los sellamientos de los servicios de vacunación en el Centro de Salud del sector Estadio; el de enfermería en el del Raizal, nororiente de la ciudad; el área de Emergencias de la Unidad Hospitalaria de Castilla; de Cirugía Ginecológica en la de Manrique, y de Hospitalización de Adultos en Santa Cruz.

Estos cierres tuvieron como motivo problemas de infraestructura, pero además déficits de talento humano y de dispositivos y equipos médicos, así como falta de medicamentos y problemas en las historias clínicas.

La reacción de Quintero entonces fue echarle la culpa a la Seccional de Salud de Antioquia, que funge como autoridad en estos casos, y plantear que se debían a asuntos políticos, en vez de plantear las soluciones que aliviaran a los pacientes.

La nueva administración necesitó más de 80.000 millones para sacar a flote a Metrosalud.

Un entuerto más de la administración Quintero, por el que están dando explicaciones varios exfuncionarios suyos, fue el negocio “chimbo” de la llamada Clínica de la 80, en la cual invirtieron 23.744 millones de pesos y posteriormente vendieron las mejoras y equipos en 12.000 millones.

Resulta que al comenzar la emergencia por la pandemia del covid-19 los hospitales del Valle de Aburrá estaban colapsados por la llegada de personas afectadas por el coronavirus y era necesario contar con más capacidad en las áreas de urgencias, y más camas en las unidades de cuidados intensivos.

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En ese contexto, el entonces alcalde Quintero optó por firmar un comodato con el liquidador de la EPS Saludcoop, con el fin de utilizar unas instalaciones que estaban abandonadas y sin uso en el occidente de Medellín, con el fin de saldar el déficit que había, y se requirieron adecuaciones importantes que consistieron en pintura general, impermeabilización de la cubierta, reparación de ascensores; reemplazo total del sistema eléctrico, de acueducto y desagüe, así como de las redes hidrosanitarias y eléctricas, también, la reposición de las luces, entre

Además, hubo una fuerte controversia porque el contrato para acometer los trabajos se lo dieron, sin licitación, a una firma unipersonal sin mucha trayectoria en la región. La idea era esbozada era que los bienes adquiridos fueran de propiedad del Municipio y que se los reconocieran al final.

Finalmente, la Alcaldía abrió la clínica en noviembre de 2022. Ahí también ha habido debate porque el costo de operación no se compadecía con el alto costo y muchos de los equipos se habrían quedado sin desempacar.

En noviembre de 2021, el Distrito le había manifestado al agente liquidador de Saludcoop la intención de comprar el inmueble, pero un mes después recibió la negativa y en marzo de 2022, Saludcoop le vendió el edificio de la clínica a otro y le solicitó de manera perentoria al Municipio que le devolviera la edificación.

Luego de una conciliación hecha en el primer semestre de 2022, los nuevos propietarios aceptaron pagar al Distrito 12.007 millones de pesos, que equivalían a solo la mitad de lo que habían invertido con dinero del erario distrital, pero además les otorgaron un plazo de tres años para cancelar 7.007 millones de pesos y sin dar lugar a intereses. Un negocio poco digno de la fama de los paisas.

Por esta razón, en la actualidad la Fiscalía investiga a la exsecretaria de Salud, Jennifer Andree Uribe; la secretaria General, Natalia Andrea Jiménez; y la de Suministros y Servicios, Karen Bibiana Delgado. Los presuntos delitos son falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado.

La falsedad en documento público se habría configurado ya que la conciliación se firmó de manera apresurada el 12 de mayo de 2022, al día siguiente de una sesión extraordinaria de un comité que sesionó por solicitud de Uribe y Jiménez; pero según el acta a la que tuvo acceso EL COLOMBIANO, esta no tiene consignado que se haya adoptado ninguna decisión y, por el contrario, dicha instancia recomendó revisar ítems como el de los intereses y un cálculo de la cifra a conciliar comparando los gastos con el valor de la transacción.
 

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