Hallazgos fiscales por $81.593 millones encontró una auditoría realizada por la Contraloría Gneral de la Nación a las cuentas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
La auditoría se realizó durante el primer semestre de 2025, con relación a la vigencia 2024.
De los 21 hallazgos fiscales detectados, 20 tienen una presunta connotación disciplinaria, 3 posible incidencia penal y 7 incidencia fiscal. Un caso será remitido a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
En la auditoría se evaluaron tres componentes de la gestión del fondo: pensiones, cesantías y servicios de salud, en los que se incluyó el nuevo modelo puesto en marcha por el gobierno de Gustavo Petro.
Se encontraron inconsistencias en la gestión de cobro de cartera, la depuración de obligaciones prescritas, la provisión de recursos para cumplir con decisiones judiciales y el registro de mesadas pagadas a personas fallecidas, entre otros.
Por la ineficiencia en la gestión de la cartera, se constituyó hallazgo con incidencia fiscal, por cerca de $23.800 millones.
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Además, se detectaron 46 fallos pagados después de diez meses de dictados, lo que llevó al pago de intereses moratorios por cerca de $3.210 millones.
También se han venido dando retrasos en el reconocimiento y pago de cesantías, lo que también ha provocado el pago de sanciones moratorias por $4.220 millones
La Contraloría encontró además que la Fiduprevisora firmó 10 contratos de transacción en 2023 y 2024, por controversias con operadores de salud, por un valor cercano a los $1,2 billones, que no fue aprobado por el Consejo Directivo la entidad, como se requeriría, por lo cual la información fue trasladada a la Fiscalía y la Procuraduría para adelantar la investigación correspondiente.
Sobre el nuevo modelo de salud para el magisterio, puesto en marcha por el gobierno Petro, la Contraloría hizo varios hallazgos, entre ellos la omisión en la constitución de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) para el pago de contratos y facturas por cerca de $75 mil millones; no se suscribió acta de inicio en 52 contratos por cerca de $648 mil millones, y se identificaron 13 contratos de prestación de servicios de salud por cerca de $525 mil millones que iniciaron sin expedirse el CRP, entre otros.
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