La Comisión Primera de la Cámara de Representantes se dio cita este lunes para discutir un proyecto de ley que se ha hundido en 14 ocasiones: la eutanasia. La iniciativa legislativa pretende reglamentar el derecho a morir dignamente y así darle cumplimiento a las sentencias que la Corte Constitucional ha emitido en este sentido desde 1997. La novedad de este proyecto es que reglamenta la eutanasia para que accedan menores desde los seis años.

“El derecho a la muerte digna guarda estrecha relación con otros derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía, el derecho a la vida que comporta la muerte como último acto de la persona, la dignidad humana y la igualdad”, explicó el representante Juan Carlos Losada, autor del proyecto.

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La primera discusión se prolongó en el recinto por tres horas y cincuenta minutos. Finalmente, los representantes decidieron aprobar el proyecto con 25 votos a favor y tres en contra.

De convertirse en ley, el sistema de salud estaría obligado a respetar la voluntad de las personas que quieran acceder a la eutanasia o la muerte médicamente asistida, a no presentarles trabas o dilataciones en el proceso, brindar un servicio gratuito y la red hospitalaria tendrían que adecuar sus instalaciones para asistir con “calidad” a las personas que deseen tomar este derecho.

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El derecho a morir dignamente –de aprobarse esta ley en los tres debates que le restan– estaría garantizado para los colombiano, extranjeros que demuestren residencia en el país y para los niños, niñas y adolescenetes que estén representados por sus padres o representantes legales.

La inclusión de los menores de edad representa la mayor novedad en la iniciativa que se ha discutido desde 1997. En este caso los niños mayores de 6 años podrían acceder a la eutanasia y a la muerte médica asistidas en condiciones “estrictas” y “diferenciales” respecto al proceso que llevan los adultos.

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En todo caso, los niños que deseen acceder a este derecho deberán presentar su voluntad, contar con la aprobación de sus padres (o tutores) y llevar consigo “una enfermedad grave e incurable o lesión corporal que le cause un intenso sufrimiento físico o psíquico. No es necesario ni será exigible acreditar la existencia de enfermedad terminal ni pronóstico médico de muerte próxima”.

El proceso deberá estar acompañado de médicos, psiquiatras y personas especializado en psicología infantil. En él habrá supervisión de un defensor de familia.

“La decisión de cómo enfrentar la muerte adquiere una importancia decisiva para el enfermo terminal, que sabe que no puede ser curado, y que por ende no está optando entre la muerte y muchos años de vida plena, sino entre morir en condiciones que él escoge, o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas y que juzga indignas”, había sentenciado Corte en 1997.

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