Una persona LGBTIQ+ fue asesinada cada 32 horas en Colombia durante 2025, según el informe "Un sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas Lgbtiq+" de la organización Caribe Afirmativo, que también registró 1.184 víctimas de amenazas, 1.531 casos de violencia intrafamiliar y 628 de violencia sexual contra esta población.
Esto, en un escenario que el documento describió como una crisis estructural por el aumento de la violencia por prejuicio, su expansión territorial y la respuesta estatal insuficiente.
El informe sostuvo que las agresiones contra personas Lgbtiq+ no son hechos aislados, sino parte de un continuo que inicia con la discriminación y puede culminar en el homicidio, con una secuencia que pasa por la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, las amenazas, el asesinato y, finalmente, la impunidad.
"Las personas Lgbtiq+ no mueren solo cuando son asesinadas. La violencia comienza mucho antes, en el rechazo, la exclusión y la amenaza que el Estado no logra detener", señaló el documento.
La organización ubicó las amenazas como una de las formas más extendidas de violencia y advirtió que, en múltiples casos, las víctimas de homicidio habían sido previamente amenazadas, lo que, según el informe, "evidencia fallas graves en prevención y protección".
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Para Caribe Afirmativo, estas amenazas funcionan como "mecanismos de control territorial", regulan la visibilidad de las personas Lgbtiq+ y silencian liderazgos sociales.
El informe registró 1.531 casos de violencia intrafamiliar, la modalidad más extendida de agresión, y 628 casos de violencia sexual, "con alta afectación a mujeres lesbianas y bisexuales".
El documento subrayó que la violencia "no ocurre únicamente en espacios públicos" y que el hogar se ha convertido en uno de los escenarios principales de las agresiones contra esta población.
Caribe Afirmativo identificó la violencia digital como un "factor determinante en el escalamiento de la violencia", al funcionar como "catalizador" de agresiones físicas, "amplificador" del odio y "mecanismo de exposición y persecución".
Entre las prácticas documentadas figuran el doxxing o exposición de datos personales, la suplantación de identidad, la porno-venganza y el hostigamiento sistemático, cuyos efectos, indicó el informe, se traducen en desplazamiento territorial, afectaciones a la salud mental, pérdida de empleo y reducción de la participación pública.
Geografía de los casos
Los casos se concentraron en grandes centros urbanos como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, pero también se expandieron hacia territorios con presencia de actores armados y economías ilegales.
El informe planteó que esta distribución demuestra que la violencia contra personas Lgbtiq+ está "vinculada a dinámicas de control territorial y conflicto armado, donde los cuerpos disidentes son objeto de regulación violenta", e identificó dos tendencias: una alta concentración en ciudades, donde coinciden mayores registros y mayores niveles de violencia, y una expansión hacia corredores de economías ilegales y zonas con débil presencia estatal.
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El documento describió graves deficiencias institucionales: subregistro sistemático de casos, ausencia de variables de orientación sexual e identidad de género, fragmentación en la producción de información y altos niveles de impunidad. Para la elaboración del informe, Caribe Afirmativo envió 160 solicitudes de información a entidades públicas, muchas de las cuales, según la organización, "no pudieron responder de manera completa o adecuada".
"La ausencia de datos no es un problema técnico: es una forma de invisibilización que impide actuar", advirtió la oenegé.
Entre las alertas que planteó el informe figuran "una brecha crítica entre derechos formales y garantías reales", el vínculo entre la violencia y las dinámicas de conflicto y economías ilegales, y un subregistro que, según la organización, "limita la acción estatal y la cooperación internacional".
Caribe Afirmativo pidió al Estado y a la comunidad internacional fortalecer los sistemas de información con enfoque diferencial, implementar mecanismos de prevención frente a amenazas, garantizar investigaciones con enfoque de prejuicio y adoptar políticas estructurales que aborden las causas de la violencia.
El informe concluyó que "la violencia contra personas Lgbtiq+ en Colombia no comienza con el homicidio, sino con el prejuicio tolerado y la amenaza ignorada" y afirmó que, en 2025, el Estado "no solo falló en proteger: también falló en contar, investigar y sancionar".
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