El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se sumó a la ola de rechazo que se ha generado por las declaraciones del presidente, Gustavo Petro, en contra del Consejo de Estado por frenar el traslado de ahorros a Colpensiones.

"Esta Corporación comparte la preocupación expresada por el Honorable Consejo de Estado frente a los señalamientos que, desde distintos escenarios públicos, puedan desinformar, descontextualizar o desacreditar las decisiones judiciales y a quienes las adoptan. En una democracia sólida, el control judicial de los actos del poder público constituye una garantía esencial del Estado de Derecho y un mecanismo legítimo del equilibrio de poderes", escribió el alto Tribunal.

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La corporación enfatizó que las providencias judiciales representan una expresión esencial del Estado Social de Derecho y constituyen una garantía de la democracia, la institucionalidad y la vigencia efectiva de la Constitución y la ley.

"Por ello, las decisiones de los jueces deben ser respetadas y controvertidas únicamente a través de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico, dentro de un marco de respeto por la autonomía judicial", afirmó el Tribunal.

La polémica surgió luego de que el Consejo de Estado suspendió el traslado de $5 billones de los fondos privados de personas que ya alcanzaron su jubilación y que pasaron a Colpensiones, al advertir que la reforma pensional, por ahora bajo observación de la Corte Constitucional, decidió que el ahorro pensional de quienes se trasladaron debía ir a un fondo especial, llamado Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, administrado por el Banco de la República, y no al sistema público.

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Ante esa determinación, el Presidente salió airadamente a anunciar que demandaría penalmente al magistrado ponente, Juan Enrique Bedoya Escobar.

"El deber de un banquero que ratifica, como Colombia lo hizo, la Convención de Basilea es que el ahorro no es del banquero, es del ahorrador o ahorradora, que debe cuidarlo y que debe entregarlo con su tasa de interés pactada al dueño o dueña de ese ahorro, punto", aseguró el Jefe de Estado.

El Consejo de Estado se pronunció frente a las declaraciones del mandatario, al asegurar que los comentarios de Petro y sus llamados a presentar denuncias penales contra un magistrado constituyen un riesgo para la división de poderes.

“El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”, sentenció el Tribunal de lo contencioso administrativo.

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