El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, calificó como un insulto al país la celebración de la victoria electoral de la senadora Martha Peralta Epieyú tras los comicios del pasado 8 de marzo, al considerar que la indefinición jurídica de la Corte Suprema de Justicia frente a los congresistas involucrados en el mayor escándalo de corrupción del actual Gobierno permite que los investigados mantengan su poder político en medio de la impunidad.
El detonante de la controversia surgió tras la publicación de un video en las redes sociales de la senadora del partido Mais, en el que apareció rodeada de su equipo, entre gritos y abrazos, festejando los resultados de la circunscripción indígena. Peralta acompañó las imágenes con un pronunciamiento sobre los obstáculos que su movimiento enfrentó durante la jornada electoral.
La congresista señaló que el triunfo ocurrió "a pesar de los intentos por silenciar el voto indígena, a pesar de que en muchos lugares no entregaron el tarjetón de nuestra circunscripción, a pesar de las calumnias, mentiras y ataques", concluyendo que el pueblo se manifestó democráticamente en las urnas y que el próximo paso será consolidar una mayoría en el Congreso para materializar las reformas gubernamentales.
El tono festivo provocó la reacción de Carlos Carrillo, quien utilizó las declaraciones de la senadora para cuestionar la lentitud del sistema judicial. El director de la Ungrd explicó que la permanencia en el poder de sectores cuestionados representa una ofensa a la ética pública y exigió celeridad a los tribunales.
"Respeto la presunción de inocencia, pero es imperativo que la Corte Suprema tome decisiones", sentenció Carrillo, quien agregó que la falta de resoluciones judiciales concretas perjudica a las instituciones. El funcionario aclaró que solo dos de los múltiples congresistas vinculados al desfalco de la Ungrd enfrentan órdenes de captura, y calificó la situación como un limbo inaceptable. "O los eximen o los meten presos, pero este limbo es un insulto al país. ¡Casi todos se reeligieron ellos o en cuerpo ajeno!", concluyó.
Dudas sobre la votación atípica en La Guajira
La reelección de Martha Peralta se materializó tras convertirse en la candidata más votada de la circunscripción indígena al Senado, alcanzando 61.098 sufragios. Esta cifra le permitió superar por más de 16.000 votos al segundo aspirante, José William Timbo, del Movimiento Unidad en Minga, todo ello a pesar de figurar en el expediente de corrupción de la Ungrd.
Los registros electorales evidenciaron un incremento inusual en la participación del departamento de La Guajira. Mientras que hace cuatro años cerca de 4.000 personas votaron por la circunscripción indígena en todo el departamento, para los comicios de 2026 la cifra ascendió a 49.949 sufragios, lo que representó un crecimiento superior a doce veces. De ese total, 33.914 votos, equivalentes al 67,9 %, fueron dirigidos a Peralta.
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El fenómeno electoral se acentuó en Uribia, municipio catalogado por la Misión de Observación Electoral (MOE) en riesgo extremo por presencia de actores armados ilegales y alertas de fraude. En las elecciones de 2022, el candidato más votado en esa localidad fue Jaifer Sierra, del partido Aico, con apenas 111 votos. En contraste, durante la reciente jornada electoral, Peralta registró 11.159 sufragios en ese mismo municipio.
Magistrado pide cárcel y compulsa de copias
A propósito del estancamiento judicial denunciado por Carrillo, el diario El Tiempo reveló los detalles de una ponencia redactada por el magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El documento, de 1.000 páginas, pide acusar y enviar a la cárcel a cinco congresistas, al tiempo que compulsa copias contra otros legisladores por nuevos hechos derivados del saqueo a la Ungrd.
Los nuevos procesos apuntan a los congresistas recién reelectos Wadith Manzur, quien aseguró su curul en el Senado por el Partido Conservador, y Karen Manrique, quien retuvo la curul de paz por la circunscripción de Arauca. Un tercer individuo, cuya identidad se mantiene en reserva, también forma parte de la solicitud de investigación por hechos adicionales a la transacción ilegal inicial.
La ponencia detalló el entramado criminal diseñado para asegurar los votos de las comisiones económicas a favor de los proyectos del Gobierno, utilizando contratos y cupos indicativos financiados con recursos de la Ungrd. Por su presunta participación en esta red clientelar, Manzur, Manrique, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez y Juan Pablo Gallo, junto al excongresista Juan Diego Muñoz, enfrentan imputaciones por el delito de cohecho impropio.
El expediente señaló al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, actualmente privado de la libertad e imputado, como el autor intelectual que estructuró el plan criminal. Según la investigación, la actuación de Velasco y del ex alto funcionario Carlos Ramón González buscó garantizar la aprobación de cupos legislativos a cambio de direccionar contratos hacia los municipios de Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar.
Las pruebas recolectadas documentaron reuniones sistemáticas entre los parlamentarios y enlaces del Ministerio de Hacienda y la Ungrd, identificadas como María Alejandra Benavides y Carolina Joya, quienes facilitaron el desvío de los recursos públicos.
La Sala de Instrucción debatió el texto la semana pasada sin alcanzar un consenso, lo que obligó a la designación de los conjueces Alfredo Rey y Javier Fonseca. La discusión se retomó este miércoles 11 de marzo, en medio de recursos presentados por la defensa de los congresistas, quienes solicitaron devolver el proceso a reparto argumentando vicios de procedimiento y falta de motivaciones suficientes para dictar medidas de aseguramiento en centro carcelario.
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