Las presuntas irregularidades que rodean a un contrato de más de medio billón de pesos no fueron un impedimento para que el Ministerio de Relaciones Exteriores anunciará que la fecha de adjudicación será el próximo 7 de julio, apenas un mes y medio después de que estallara un escándalo por supuesto favoreciendo a una de las empresas oferentes.

En resumen, se trata de una licitación que ofrece 600.000 millones de pesos para “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes; así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”, todo eso durante los tres años que le restan al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Pero, para resultar seleccionados, la Cancillería publicó el pasado 24 de mayo un pliego de condiciones definitivo con el que eliminaría a cualquier competidor del contratista actual: Thomas Greg and Sons, una multinacional que lleva dominando ese mercado durante los últimos 17 años y que, al parecer, tendría todas las condiciones listas para adjudicarse este nuevo contrato.

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En ese artículo periodístico, titulado Colombia podría tener desabastecimiento de visas y pasaportes: este es el millonario contrato en la lupa de las autoridades, este diario reveló una serie de requisitos de pruebas, tiempos y materiales que sacarían del camino a competidores de la talla de Veridos, la imprenta nacional alemana; InGroup, encargada de imprimir pasaportes para Francia, Perú y varias naciones más y Cadena, una firma paisa aliada a la Casa de Moneda de Portugal que hoy les imprime pasaportes y documentos oficiales a varios países de Europa y América Latina.

Fue por eso que la Cancillería decidió publicar un comunicado en el que expuso las fechas del cronograma de la licitación y aseguró que todos los movimientos podrán ser seguidos por los medios de comunicación como una medida de transparencia.

“En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público, permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución Política”, argumentó la Cancillería.

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Por último, el Ministerio aseguró que dicha adjudicación es de todo el interés del actual canciller, Álvaro Leyva Durán.

“Es de resaltar que el autor del artículo 273 de la Constitución Política de Colombia fue al exconstituyente Durán, hoy ministro de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, es de su interés que el proceso de licitación antes mencionado se lleve con total transparencia”, concluyó el comunicado.

De hecho, en medio de esta investigación, EL COLOMBIANO conoció que el canciller Leyva, su secretario general y su equipo de abogados ya están al tanto de las presuntas irregularidades desde hace por lo menos un mes, un par de semanas antes de que se publicara el pliego definitivo de condiciones.

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