Lo que comenzó como un millonario error con un dejo de incredulidad y extravagancia en plena época decembrina, hoy amenaza con poner contra las cuerdas al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Por cuenta del pago de hasta ocho veces el salario de varios funcionarios del Gobierno y otras ramas del poder, el encargado del manejo y gestión de los recursos de todos los colombianos tendrá que hacer frente no solo a una denuncia penal por peculado, sino también a un eventual debate de control político en el Congreso.

Se conoció que debido a los errores en los pagos de nómina de varias entidades a finales de noviembre –que ascendieron a más de medio billón de pesos ($600.000 millones), de los cuales aún faltan por recuperar $60.000 millones–, la oposición al gobierno de Gustavo Petro propondrá citar a rendir cuentas a Bonilla en la Comisión Tercera del Senado, justamente la encargada de finanzas y hacienda pública.

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En un oficio dirigido al presidente de esa célula legislativa, el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador), y el también senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, propusieron citar a debate de control político al ministro para que presente un informe que detalle los efectos del error en los pagos de nómina a los servidores públicos, sustentando cada uno de esos errores, las dificultades en los sistemas contables y el perjuicio sobre la estabilidad presupuestal.

En esa línea, Ramírez formuló un cuestionario de siete preguntas en el que, entre otras, pide a Bonilla explicar cuál fue la causa del millonario error; cuáles fueron las debilidades en el manejo del sistema electrónico de pago y contabilidad del Ministerio; qué mecanismos se activaron para comunicar a los funcionarios del pago múltiple, y el monto tanto de lo comprometido como de lo recuperado. Adicionalmente, el detalle de las investigaciones por lo ocurrido.

El documento será radicado este miércoles y aunque varios congresistas de las comisiones terceras, tanto de Senado como de Cámara, se mostraron a favor del debate de control, este solo podría surtirse hasta febrero de 2024, teniendo en cuenta que el próximo sábado concluyen las sesiones ordinarias del legislativo. “Habrá que ver, con tantos errores que cometen día a día seguro seguirá vigente”, dijo una representante.

De hecho, también se identificó la denuncia de varios congresistas quienes aseguraron que, además de entidades como la Procuraduría o varias superintentendencias, los pagos de hasta dos o tres veces la nómina también habrían beneficiado a congresistas y trabajadores del Legislativo. Sin embargo, Gustavo Forero, de la sección de Pagaduría del Congreso, negó que esa situación se haya presentado: “A ningún senador ni miembro de planta se le pagó de más”.

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Las explicaciones del ministro

Este martes Bonilla reconoció que aún pasado casi un mes del millonario error, aún hay un faltante de alrededor de $60.000 millones: “Se pudo haber repetido los pagos en $600.000 millones, de los cuales se ha recuperado el 90 %”, explicó el ministro, anunciando además que el dinero faltante será retenido en la nómina de diciembre: “En las cuentas en las que no se pudo hacer reversión bancaria porque no había plata, habrá retención en el mes de diciembre”.

Estas declaraciones distan de lo dicho por el propio ministro el pasado 27 de noviembre cuando pasados tres días del escándalo, aseguró que “el impase ya se resolvió”. De hecho, se conoció una circular interna del pasado 7 de diciembre en la que se daban una serie de instrucciones desde el Ministerio para “efectuar el reintegro de recursos de nómina pagados en exceso”.

En ese sentido, se conoció además que ante el fiscal General, Francisco Barbosa, los congresistas Paola Holguín y Juan Espinal (Centro Democrático) denunciaron a Bonilla por el delito de peculado culposo, que tiene lugar cuando un servidor público encargado de administrar recursos del Estado es responsable por su pérdida o extravío, lo que podría dar lugar a una pena de prisión de hasta casi cinco años de cárcel y una multa de hasta 75 salarios mínimos (alrededor de $87 millones), sumado a una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas.

“Esta grave situación deja un precedente preocupante sobre la idoneidad del denunciado y su equipo para la administración del Tesoro Nacional y cierne un manto de incertidumbre que afectará todos los indicadores de confiabilidad en la economía del país”, se reclama en la denuncia.

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