Más de 5,8 millones de fotomultas podrían quedar sin validez en Colombia tras la apertura de investigaciones por parte de la Superintendencia de Transporte a 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección.
La decisión pondría fin a millones de comparendos impuestos a cerca de 1,4 millones de ciudadanos y se convertiría en uno de los mayores procesos de revisión de sanciones de tránsito registrados en el país.
Según informó el Gobierno nacional, en total hay más de 7,6 millones de comparendos bajo revisión y las sanciones económicas contra las entidades investigadas podrían superar los $2,1 billones.
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La Superintendencia de Transporte indicó que la investigación busca determinar si los organismos de tránsito cumplieron con los requisitos legales exigidos para imponer comparendos mediante sistemas automáticos de fotodetección.
Como parte del proceso, se ordenó la revocatoria de más de 5,8 millones de comparendos que habrían sido impuestos con presuntas irregularidades. La medida beneficiaría directamente a aproximadamente 1,5 millones de conductores en distintas regiones del país.
La ministra de Transporte, María Fernanda “Mafe” Rojas, aseguró que el objetivo es proteger a los ciudadanos frente a sanciones que no hayan cumplido con la normatividad. “No vamos a permitir que millones de ciudadanos carguen con multas impuestas sin cumplir la ley”, afirmó la funcionaria.
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla aparecen en las investigaciones
Entre los organismos de tránsito investigados aparecen autoridades de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, además de otras entidades territoriales que operan cámaras de fotodetección.
Las pesquisas están relacionadas con posibles incumplimientos en los procedimientos de imposición de comparendos y en la operación de los sistemas tecnológicos utilizados para detectar infracciones de tránsito.
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El Gobierno no detalló cuáles serían las irregularidades específicas en cada caso, pero confirmó que las investigaciones administrativas ya fueron abiertas formalmente.
Además de la posible anulación masiva de comparendos, los organismos de tránsito investigados podrían enfrentar sanciones económicas superiores a $2,1 billones.
En el caso de más de 1,5 millones de fotomultas que ya fueron pagadas por los ciudadanos, las entidades involucradas podrían recibir multas de hasta el doble del dinero recaudado.
La Supertransporte señaló que el proceso busca garantizar transparencia en el uso de las cámaras de fotodetección y verificar que las sanciones de tránsito hayan sido impuestas conforme a la ley.
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