¿Qué es una “paz mafiosa”? Según el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) se trata de “un orden criminal donde la violencia letal abierta deja de ser necesaria porque el control social ya está consolidado”. Lo preocupante es que, ad portas de elecciones presidenciales, 15 departamentos y 42 municipios se encuentran en riesgo en medio de aquella “paz”.

El documento, titulado Votar con miedo: señales de interferencia y coerción criminal en las elecciones 2026, recoge reportes de 126 veedores en distintas regiones del país y concluye que en varios territorios, durante las elecciones legislativas, hubo condiciones que afectaron el ejercicio libre del voto.

En el informe, el ICP explicó que la mayor preocupación es que, según los testimonios, aquella situación podría repetirse en las próximas elecciones presidenciales si las autoridades estatales de seguridad y electorales no actúan.

Uno de los principales hallazgos es que 52 de los 126 observadores reportaron presencia de actores con capacidad de interferir en el proceso electoral. En la mayoría de los casos, según el informe, esos actores “se sienten, pero no se ven directamente”, una situación que el estudio relaciona con formas de control social y territorial difíciles de documentar.

Entre las acciones reportadas por los veedores aparecen controles sobre quién entra y sale de los municipios, limitaciones a la movilidad, distribución de propaganda política por actores armados, amenazas, extorsiones y contactos entre grupos ilegales y campañas políticas.

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Además, el 85,7 % de los veedores identificó al menos una situación considerada “inusual o potencialmente problemática” durante el periodo preelectoral. Las más frecuentes fueron dificultades para movilizarse libremente e incentivos a cambio del voto.

El estudio advierte que la compra de votos dejó de ser una práctica aislada y se convirtió en un “mecanismo estructural de captura electoral”.

Según la investigación, en distintas regiones se documentaron pagos que iban desde 20.000 pesos hasta 500.000 pesos, acompañados de mecanismos de verificación como fotografías del certificado electoral o entrega física del comprobante de votación.

El informe ubicó los mayores focos de riesgo electoral en cinco departamentos —Caquetá, Guaviare, Norte de Santander, Cauca y Chocó— donde la veeduría documentó distintas formas de control sobre el sufragio, desde intimidaciones y seguimiento a los votantes hasta limitaciones para movilizarse libremente.

Las alertas se concentraron en 722 puestos de votación que agrupan 327.196 votos y en los que podían participar 494.434 personas habilitadas para votar.

La investigación también detectó un comportamiento atípico en 103 puestos de votación situados en municipios con presencia de actores armados o riesgo territorial: allí terminaron imponiéndose el voto en blanco, los votos nulos o los tarjetones no marcados.

Los casos más preocupantes

El informe recoge cinco casos considerados emblemáticos por la veeduría.

Uno de ellos ocurrió en San Vicente del Caguán, Caquetá, donde se difundió un mensaje de WhatsApp en el que se pedía a líderes comunales exigir el certificado electoral a los habitantes, bajo amenaza de posibles sanciones o multas para quienes no votaran.

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En Guaviare, observadores reportaron la circulación de un panfleto atribuido al Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc, en el que se imponían restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas políticas y se exigía el certificado electoral para movilizarse en ciertas zonas.

Otro de los episodios documentados ocurrió en El Tarra, Norte de Santander, donde se confirmó presencia de grupos armados cerca de un puesto de votación. Según el informe, esto generó “un riesgo directo de constreñimiento al elector”.

En municipios del Cauca como Guapi y López de Micay, los veedores señalaron que líderes comunitarios acompañaban a votantes hasta las mesas y registraban en cuadernos la opción marcada por cada persona. El informe sostiene que esta práctica “anula de manera sistemática la libertad y la confidencialidad del sufragio”.

El documento también menciona denuncias en Bajo Baudó, Chocó, donde comunidades indígenas habrían sido obligadas a votar en grupo bajo amenazas y malos tratos. Allí, según la veeduría, se implementó un sistema de control en el que los votantes debían regresar con el certificado electoral para reclamar un “refrigerio” que podía alcanzar los 500.000 pesos.

Aunque el informe señala que en muchos casos no fue posible identificar con claridad quiénes se beneficiaban políticamente de estas prácticas, sí advierte que las dinámicas observadas muestran formas de presión y captura electoral que persisten en distintas regiones del país.

“La interferencia criminal sobre el voto libre no requiere mostrarse para incidir; le basta con condicionar a quién, cómo y bajo qué condiciones se vota”, concluyó el ICP, que además pidió a las autoridades y a las misiones internacionales de observación electoral aumentar la vigilancia y analizar también el contexto social y político de los votantes.

Tomado de El Colombiano.

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