Con la bendición de un sacerdote católico, en una jornada más simbólica que operativa, las Fuerzas Militares destruyeron más de 23.000 armas incautadas a grupos armados ilegales para transformarlas en material destinado a obras de infraestructura.
Estas armas, que antes perpetuaban la violencia, ahora servirán como materia prima para construir viviendas, colegios y otras infraestructuras que beneficiarán a la población civil.
Este acto va más allá de lo meramente operativo: simboliza la conversión de instrumentos de guerra en oportunidades de esperanza. Todo se enmarca en la estrategia ‘Destruyendo el miedo, construyendo esperanza’, liderada por las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la empresa Acerías Paz del Río.
El proceso se desarrolla en varias etapas. Inicialmente, se lleva a cabo la incautación, el resguardo y la vigilancia del armamento recuperado. Posteriormente, viene el acto simbólico: la bendición del sacerdote y el paso al horno.
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Al volver a su estado natural, el hierro es transformado en estribos, flejes, acero figurado, varillas corrugadas, mallas electrosoldadas y alambres. Estos insumos son fundamentales para construir puentes, vías, escuelas, plantas de tratamiento de agua y bases militares, entre otras obras, consolidando así un futuro donde la violencia cede paso al desarrollo.
Entre el material destruido hay armas de fuego como revólveres, pistolas, fusiles, carabinas, ametralladoras, subametralladoras, morteros y lanzagranadas de diferentes calibres, así como accesorios para las mismas, las cuales fueron incautadas principalmente en operaciones militares y de policía contra grupos armados organizados y delincuencia común.
“Es un acto muy especial, pero lo más importante definitivamente es haberle quitado las armas a grupos delincuenciales. Estas armas ya no van a hacer más daño; nos queda un trabajo por hacer, nos queda un trabajo por seguir construyendo y necesitamos poder llevarle paz a Colombia, y esto es uno de los pasos para lograrlo”, destacó el general Hugo Alejandro López Barreto, jefe de Estado Mayor Conjunto de las FF. MM.
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El armamento ilegal fue transportado en tren y custodiado por militares por más de 200 kilómetros desde Bogotá hasta el municipio de Nobsa, Boyacá, donde se ubica la planta siderúrgica de Acerías Paz del Río, una empresa privada que, por segundo año consecutivo, realiza la fundición de armas.
“Son cerca de 43 toneladas que, en un proceso de economía circular, van a adquirir un segundo uso: acero de refuerzo para construir vías, puentes y hospitales, en colaboración con los grupos de ingenieros militares que le podrán dar un destino a las varillas o barras de refuerzo que entreguemos como fruto de esta fundición de armas. Nos llena el corazón de orgullo poder participar en el proceso de paz y poder decir que estas armas, que azotaron a varios municipios en Colombia y generaron lágrimas en muchas personas y familias, hoy desaparecen. Es como un acto de perdón y olvido, ¿sí? Simbólicamente, representa que este acero vuelve a su condición natural”, señaló Fabio Hernando Galán, presidente de Acerías Paz del Río.
Antes de ser fundidas en un horno eléctrico, las armas fueron enumeradas y algunas extendidas en una mesa, para luego ser bendecidas por un sacerdote y legalizar así su simbólica sentencia.
El acto da cumplimiento a la ley que establece que el armamento incautado a grupos criminales o entregado voluntariamente no puede ser reutilizado ni reconvertido, con el fin de que no vuelva a caer en manos de ilegales.
Por eso, desde 1992 han sido destruidas más de 670.000 armas de fuego de corto y largo alcance. Desde entonces, el material obtenido de estas fundiciones se ha empleado en la construcción de monumentos de memoria histórica, obras civiles, herramientas agrícolas y viviendas de interés social, entre otros.
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