Los campesinos cultivadores de la hoja de coca en la región del Catatumbo, quienes se declararon en emergencia alimentaria por la caída de los precios del producto, informaron que estarían en asamblea permanente para organizar un paro el próximo 15 de marzo.

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“Anunciamos la asamblea permanente para coordinar cómo se va a hacer el paro e ir construyendo el pliego de peticiones”, expresó Alirio Pallares, vocero de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).

En este sentido, explicaron que tienen esperanzas en el llamado “Gobierno del cambio” y lo que la administración del presidente Gustavo Petro les pueda ofrecer; sin embargo, ya comenzaron a sentir temor por las demoras y la pasividad del Gobierno Nacional con la sustitución de los cultivos ilícitos. 

“Ya anunciamos a los alcaldes, a la gobernación, al Gobierno Nacional, a los ministros que no somos ajenos a este Gobierno; pero sí miramos la demora que tienen los ministerios para decir ´vamos a implementar una política real frente al tema de sustitución´. Hay un acuerdo pactado desde el 2016, pero eso no abarca toda la región del Catatumbo, solo Tibú y Sarnidata. No tienen recursos y, además, no les han cumplido a esas familias que ya se radicaron”, criticó el vocero de Asuncat.   

La Opinión intentó entrevistar a Felipe Tascón, director técnico de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito; sin embargo, al cierre de esta edición no se pronunció sobre los anuncios de los cocaleros del Catatumbo.

Incumplimientos desde el 2016

En 2016, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos y en el marco de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

El objetivo, como describe su nombre, era sustituir las matas de coca por agricultura. Sin embargo, esto no se cumplió y, por el contrario, las hectáreas de cultivo de hoja de coca, en Norte de Santander, mostraron un crecimiento desde el 2016 (año que se creó el PNIS) hasta el 2022.

En el primer año del PNIS, Norte de Santander tenía 24.830 hectáreas de cultivos de coca; según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Para 2022, año en el que el presidente Gustavo Petro se reunió con los cocaleros del Catatumbo, la cifra había ascendido a 42.034 hectáreas. “Lo que demuestra un fracaso en el intento de erradicar la hoja de coca a través del PNIS”, precisaron líderes del Catatumbo. 

Para el sociólogo y coordinador del programa “Cúcuta, ¿Cómo vamos?”, Mario Zambrano, el Gobierno debe trabajar no solo en el ofrecimiento de un proyecto que sea económicamente más atractivo que la plantación de coca, sino que debe trabajar en la construcción de la confianza que se ha perdido a través de los incumplimientos históricos con los pequeños cultivadores. 

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“El proceso genera inseguridad, frente a la posibilidad real de que el Estado garantice el derecho de propiedad y la construcción de confianza. Como hemos tenido un antecedente no tan bueno, además de garantizar la seguridad integral y de la propiedad; hay que generar la construcción de confianza entre la comunidad y El estado. Porque si no hay esa confianza, cualquier proyecto está condenado al fracaso. Eso depende un modelo de gobernanza dentro del territorio”, explicó Zambrano. 

Sobre esto, el vocero de Asuncat, Alirio Pallares, dijo que los cocaleros de la región están aprendiendo las lecciones que les han dejado todos los incumplimientos sobre la sustitución de cultivos.

“El Gobierno nos dice que está preocupado. Pero nosotros seguimos diciendo que estamos en asamblea permanente, porque realmente nos llaman, pero nunca hay un acuerdo verdadero. Esta vez son pocos los puntos que vamos a presentar, pero deben hacerse realidad. Ya ese tema de que nos llaman y nunca nos asignan los recursos… estamos aprendiendo la lección”, aclaró el vocero de Asuncat.
 

¿Y el Gobierno Nacional?

En diciembre de 2022 el presidente Gustavo Petro visitó el municipio de El Tarra, en Norte de Santander, en donde desarrolló una asamblea de cultivadores de coca en la región; lo cual generó expectativas entre los campesinos de la zona.  

En líneas generales, esa reunión dejó “el permiso” del Presidente a los cultivadores de seguir trabajando la hoja de coca, mientras que se implementara gradualmente un programa para sustituir los cultivos ilícitos de la región. 

No obstante, las esperanzas de los cocaleros se están comenzando a desmoronar, tras dos años en  donde las promesas del Presidente se están quedando, al igual que las de sus predecesores, en los recuerdos de los nortesantandereanos. 

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“Cuando vino Petro había una expectativa sobre el tema de sustitución y queremos trabajar bajo eso. Se hacen pliegos y no llega la inversión, esa es la preocupación”, expresó Alirio Pallares.  “La región del Catatumbo ya está para algo diferente. Somos una tierra rica ¿Por qué no implementar el turismo? ¿Por qué no industrializar el campo? Por ejemplo, desde hace cuántos años se está hablando de pavimentar la vía de Tibú - Cúcuta. Una vía principal y que esté llena de huecos. Nos quedamos en solo cifras y hay un atraso total”, agregó. 

Hambre tras sobreproducción de coca

Tras el aumento de la oferta y la disminución de la demanda en el mercado cocalero, los precios bajaron y la economía de los pequeños agricultores comenzó a agravarse.  

“La crisis es debido a que el producto no se comercializa. Nosotros no es que seamos defensores de la coca, pero es que es la única economía que hay. La gente siembra coca, no porque quiere, sino porque no hay más. Aquí no estamos hablando que se compre la coca, estamos hablando que se sustituya”, aclaró Alirio Pallares. 

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En este sentido, el vocero de Asuncat explicó que han intentado establecer vínculos con las instituciones para enfrentar esta crisis de hambre que atraviesan los campesinos de la zona.

“Hemos hecho los esfuerzos esperando que el Ministerio de Agricultura envíe recursos. Que los alcaldes, que los gobernadores nos ayuden. Entonces nos preocupa que esta crisis de hambre genere desplazamientos. La gente va salir a la ciudad a qué. Hay mecanismos que el Gobierno puede garantizar como las ollas comunitarias, los mercados… hay muchas cosas”, propuso.

  En este sentido, aclararon que saldrán a las calles el próximo 15 de marzo para ser escuchados por las autoridades competentes.

“Las familias nos dicen que no pueden vender, que no se puede cambiar producto por mercado. Desde los concejales deben ayudarnos a resolver. Qué trabajo les cuesta decir por tres o seis meses vamos a ayudar a los recolectores de coca. Eso se puede hacer. Hay mecanismos. Hay hambre y no buscan soluciones”, finalizó Pallares. 

Redacción: Brayan Silva/ Periodista La Opinión

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