Una reunión de narcotraficantes en Estados Unidos marcó el fin de Manuel Poceiro. Al exhibir en su celular fotografías de menores de edad abusadas en Medellín, este estadounidense de 66 años activó una investigación que culminó en su cadena perpetua. Poceiro es el segundo extranjero condenado a la máxima pena por explotación sexual infantil cometida en la capital de Antioquia.

De acuerdo con las autoridades del Distrito Sur de Florida, las autoridades se percataron de los movimientos de Poceiro con las menores en Medellín y otras ciudades colombianas el 6 de febrero de 2024, cuando una persona con la que estaba negociando un presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico vio las imágenes de las adolescentes, de entre 14 y 16 años, que mostraba con un aberrante orgullo. De inmediato puso en conocimiento la información a la Policía.

A partir de ahí empezaron a rastrear su teléfono y sus movimientos y se enteraron de que el contenido había sido grabado por él y, de paso, pagaba por las menores explotadas mediante transferencias hechas por intermediarios para no dejar evidencias.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, representante del Distrito Sur de Florida, explicó que Poceiro “viajó al extranjero para depredar a niños, grabó su abuso e intentó ocultar sus crímenes detrás de fronteras y transferencias de dinero”.

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Con todo el material probatorio, Poceiro quedó en los registros de Angel Watch y demás “listas negras” de explotadores sexuales en todo el mundo desde mediados de 2024. Con base en esta información, las autoridades de Estados Unidos lo capturaron el 2 de febrero de 2025 en el aeropuerto internacional de Miami cuando llegaba de un viaje de República Dominicana. Al revisar su equipo móvil, encontraron decenas de imágenes relacionadas con el abuso sexual de menores de edad, a quienes les solicitaría material explícito mediante aplicaciones de mensajería.

Las investigaciones permitieron establecer que cinco menores de edad colombianas —tres de ellas de Medellín— fueron víctimas de los delitos sexuales por los cuales habría pagado altas sumas de dinero mediante casas de cambio a intermediarios colombianos, quienes formarían parte de redes dedicadas a la explotación de niñas y adolescentes.

“Esta condena es el resultado de un trabajo articulado y contundente entre las autoridades de Colombia y Estados Unidos, y ratifica que la cooperación internacional es clave para proteger a nuestros niños y niñas”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Al conocer la decisión judicial, tomada por la jueza federal del Sur de la Florida, Jacqueline Becerra, el mandatario recordó que es la segunda cadena perpetua en Estados Unidos por los delitos sexuales contra los menores de edad paisas. La primera condena fue la del norteamericano, de ascendencia ecuatoriana, Stefan Andrés Correa, quien fue capturado el 19 de abril de 2024 cuando se disponía a abordar un vuelo comercial hacia Medellín, con escala en Bogotá, desde el mismo aeropuerto internacional de Miami. La idea del viaje, según las autoridades, era asistir a un encuentro con cuatro menores, de entre 10 y 12 años, por las cuales ya habría pagado $300.000 por cada una, además de darles teléfonos iPhone.

Funcionarios del HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional) y CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) le exigieron que mostrara su celular y se encontraron con que tenía más de 100 videos y múltiples conversaciones con fines de explotación sexual con al menos 50 menores de entre los 11 y 17 años.

Con estas evidencias, Correa recibió la pena máxima por estos delitos, que son condenados más allá del país donde se cometan, el 27 de junio de 2025, bajo el argumento de que en caso de quedar en libertad, hubiera sido susceptible a repetir esta conducta.

“Stefan Correa fue el primero y Manuel Poceiro es el segundo. ¡Vamos por más! La lucha es firme, sin tregua y sin impunidad”, dijo el alcalde Gutiérrez al conocer estas dos decisiones judiciales.

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Controles rigurosos

Pero si la justicia está operando contra quienes son capturados por delitos sexuales en Medellín, los controles migratorios se han intensificado en la puerta de entrada a la ciudad para los extranjeros a la capital antioqueña: el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro.

Migración Colombia informó que durante el año pasado se le restringió la entrada a 72 extranjeros en este terminal aéreo y van tres en 2026, de los cuales su mayoría venían desde Estados Unidos. Todos aparecían en listas como Angel Watch o reportaron irregularidades en las entrevistas migratorias.

Y si bien los anteriores casos todos fueron hombres, ya en Colombia cayó la primera mujer por esta clase de delitos. Ocurrió a mediados de la semana pasada, cuando a una estadounidense se le restringió la entrada a la ciudad al aparecer en la lista como reportada por delitos sexuales en el mundo.

Ante esto, a la mujer se le inició el proceso de deportación hacia Estados Unidos y allí las autoridades iniciarían el proceso correspondiente por los delitos que le impidieron la entrada a la ciudad.

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, expresó: “No permitiremos el ingreso al país de personas que representen un riesgo, sin importar su nacionalidad o género. La cooperación internacional y el uso de sistemas de información como Angel Watch son fundamentales para anticiparnos y actuar de manera preventiva”.

Nada que cae

Sin embargo, el pendiente en la gran ofensiva contra los explotadores sexuales en Medellín sigue siendo el que dio pie a la misma: Timothy Alan Livingston.

Este hombre se encuentra prófugo desde el 28 de marzo de 2024, cuando fue sorprendido ingresando con dos menores a un hotel en el Parque Lleras, en el barrio El Poblado.

En medio de múltiples irregularidades judiciales fue dejado en libertad y de inmediato huyó hacia su país en un vuelo comercial.

Lo último que se supo de este extranjero es que se habría cambiado el nombre para evadir el accionar judicial en su contra, según informó el alcalde de Medellín.

“Timothy Alan Livingston, que se cambió de nombre, va a caer en los próximos meses, porque en ese caso nosotros y las autoridades de Estados Unidos seguimos encima. Creen que por cambiarse el nombre estos actos contra nuestros niños y niñas van a quedar en la impunidad. Vamos detrás de todos ellos”, señaló Gutiérrez.

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