Con el objetivo de generar una ruta clara sobre la garantía de derechos ambientales, el acceso a la justicia y la protección de liderazgos territoriales que establece el Acuerdo de Escazú, la gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Ambiente, organizó un espacio de diálogo con organizaciones sociales, líderes comunitarios y expertos en justicia ambiental.
Este pacto se adoptó en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y fue aprobado por Colombia mediante la Ley 2273 de 2022.
El evento tuvo lugar en un contexto en el que ejercer el liderazgo ambiental en Colombia se ha vuelto una actividad de alto riesgo, tal como lo indica un informe de la organización internacional Greenpeace, según el cual 79 de los 156 asesinatos de líderes ambientalistas se registraron en Colombia.
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“Eso es realmente una vergüenza para nuestro país”, dijo al respecto el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, uno de los invitados al foro, señalando la importancia de la implementación del Acuerdo de Escazú, que nació justamente con el propósito de proteger los liderazgos ambientales en América Latina.
En este contexto, Cristian Jiménez, secretario de Ambiente del departamento, señaló que aunque ninguno de los ecologistas asesinados en Colombia en 2024 corresponde a Norte de Santander, sí existen riesgos, sobre todo porque las causas ambientalistas terminan siendo transversales en muchos de los liderazgos que se defienden en el territorio.
“Norte de Santander tiene particularidades, como que quien ejerce un liderazgo social en una zona, por ejemplo el Catatumbo, o pertenece a alguna organización comunal o esquema asociativo del territorio, tiene liderazgo ambiental”, señaló Jiménez.
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En este sentido, refirió que “muchas de las víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto armado, han recibido amenazas por sus liderazgos, razón por la cual desde el gobierno departamental, a través de la Secretaría de Ambiente, en articulación con la institucionalidad nacional, se adelantan acciones para la garantía de no repetición y del acceso nuevamente al territorio”.
Por esta razón, Jiménez destacó la importancia de este tipo de encuentros, para que la gente sepa que existen estos acuerdos, que tienen un orden internacional, pero que además va a la par de la Constitución, y como tal es de obligatorio cumplimiento por todas las entidades nacionales.
Norte de Santander como pionero
Jiménez manifestó que el objetivo de Norte de Santander era al final del gobierno en 2027, ser el primer departamento en implementar el Acuerdo de Escazú, sin embargo, reconoció los desafíos en el cumplimiento de ese propósito.
El poco avance que ha tenido el Gobierno nacional en esa materia es una de las razones, toda vez que hasta ahora, según el secretario de Ambiente, se creó la Comisión Intersectorial para el acuerdo de Escazú.
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“Frente a esa realidad, si desde el Gobierno nacional no existen unos lineamientos claros, pues automáticamente tampoco vamos poder nosotros como territorios avanzar de una manera acertada”, manifestó Jiménez.
En consecuencia, y de acuerdo con el representante Lozada, “es necesario realizar normas concretas en nuestro ordenamiento jurídico, a través de mecanismos viables sobre la interpretación del Acuerdo de Escazú”.
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