

El levantamiento del estado de Conmoción Interior en el Catatumbo, hecho efectivo ayer por el Gobierno nacional a través del decreto 0467 del 23 de abril de 2025, solo produjo incertidumbre en distintos sectores del departamento por lo que se pueda venir a partir de ahora en la región.
El Alto Consejero de Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, manifestó que al conocerse la decisión quedan dos lecturas: la primera se desprende de la evaluación de los 90 días que estuvo vigente el decreto marco, tras lo cual lo que más se ha escucha (en el Catatumbo) son más voces de inconformismo que de satisfacción.
“Nadie en la región ha visto resultados tangibles de los 21 decretos que se expidieron, es decir, pasaron los 90 días y no se vio nada”, dijo Niño.
Además, era inminente que la Corte Constitucional declarara inexequible el estado de Conmoción Interior.
Niño lamentó que la emergencia no ha culminado: los combates siguen, los desplazados siguen saliendo de sus parcelas y pareciera que no pasara nada para el Gobierno nacional.
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“Aquí quieren es tapar el sol con las manos, dando a entender que ya todo volvió a la calma y eso no es verdad porque en la calle todos los días se escuchan las voces de alcaldes y líderes sociales del Catatumbo, sobre los ataques y los bombardeos que Ejército está llevando a cabo con aviones kfir, etc”, dijo el Alto Consejo para la Paz de Norte de Santander.
La segunda lectura se soporta en que el Gobierno quita el decreto marco y deja de los 21 decretos que se emitieron solo 11, “y si nos ponemos a leer estos decretos nos damos cuenta que son los más puntuales, dando a entender que la emergencia sigue existiendo”, dijo el funcionario (Ver recuadro).
Niño reveló que de las conversaciones que sostuvo con líderes y alcaldes del Catatumbo tras conocerse ayer en la mañana la noticia del levantamiento del Estado de Conmoción Interior, lo que se reclama de ellos es que pueden existir 50, 20 o 11 decretos, “pero que al menos uno funcione”. En la región todos piden a una sola voz que de inmediato se dé el cese al fuego por parte del Eln y las disidencias de las Farc.
En el Catatumbo también hay gran preocupación por el otro decreto, el 0448, que es el reagrupamiento de toda las Farc en el Catatumbo.
“Podría pensarse que se está camino de la paz con esta organización guerrillera, perfecto, pero cómo lo puede estar viendo el Eln” se preguntó Niño.
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Ayer, La Opinión conoció voces de líderes campesinos del Catatumbo que aseguran que lo que puede estar pensando el Eln de esta maniobra del Gobierno es que traer toda esa guerrilla al Catatumbo le está apostando es a fortalecer a las disidencias del Frente 33 para combatirlos a ellos.
“Entonces uno lo que concluye es que en la mitad de todo están los campesinos”, se lamentó Niño.
Otra medida que dejó preocupados a los alcaldes es que se les quitó las facultades para disponer de presupuesto para la atención de la emergencia humanitaria.

“Toda la capacidad está al tope”
Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, dijo ayer que en caso de desatarse una nueva crisis de desplazamientos masivo desde el Catatumbo el municipio no tendría cómo soportarla, debido a que tanto presupuesto como capacidad instalada para albergues está al tope ya.
Reveló que la alcaldía ha hecho una inversión de 15.000 millones de pesos para atender la emergencia humanitaria que ya completó tres meses. Dijo que la Unidad Nacional de Víctimas ha ayudado con mercados y con Fontur se firmó un convenio para el fortalecimiento del tema de los hoteles.
Lo que aspiramos es que con los decretos que siguen vigentes se permita que Norte de Santander se vea beneficiado. La verdad toda la ayuda que pueda llegar es muy importante. En estos momentos hay 543 personas en albergues de Cúcuta, dijo Acevedo.
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La emergencia humanitaria que produjo la confrontación del Eln y las disidencias de las Farc, y que dejó, a la fecha, más de 60.000 desplazados, unas 50.000 personas confinadas y alrededor de 100 muertes violentas entra en una segunda fase que se espera sea determinante en inversiones, dijo el gobernador William Villamizar
El mandatario reveló que hoy en día 95 por ciento de la población desplazada ha retornado y hay condiciones en el territorio a pesar de que existen focos donde hay enfrentamientos y combates.
El levantamiento de la conmoción estaba prevista por el presidente Gustavo Petro, pero deja vigentes 11 decretos que permiten que las inversiones se puedan adelantar en el Catatumbo por más de 2.7 billones de pesos, dijo Villamizar.
El área de acción de la Conmoción interior decretada en Cúcuta abarca la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta, y los municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar.
“No hay nada claro”
Por su parte, el senador nortesantandereano Jairo Alberto Castellanos cuestionó que a 90 días de su expedición del decreto del estado de Conmoción Interior no hay un balance público claro de las inversiones ejecutadas, las ayudas entregadas ni los mecanismos de seguimiento.
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“La gente en el Catatumbo sigue con miedo, las alcaldías siguen solas y las promesas siguen en el papel”, subrayó el senador oriundo del municipio de Toledo.
Castellanos se preguntó ¿dónde están las inversiones? ¿Dónde está la presencia real del Estado? No se puede hablar de justicia social mientras Norte de Santander y el oriente del país sigan siendo ignorados.
Remató exigiéndole al Gobierno nacional que a través de sus ministerios le cuenten al país y a los catatumberos cuáles han sido las inversiones y las atenciones hechas en los últimos 90 días, porque hoy la realidad en la región es bien compleja.
Concluyó que aún no llegan las ayudas económicas a las alcaldías de Cúcuta, a la gobernación, a Tibú, etc. prometidas por el Gobierno nacional.

Ocaña lanza S.O.S
Los distintos estamentos sociales de Ocaña hicieron un llamado urgente a los grupos en conflicto a cesar las hostilidades, buscar un acercamiento para retomar los diálogos de paz y la reconciliación de los pueblos.
El personero, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, afirmó que la única herramienta para lograr la tranquilidad en el Catatumbo es acudiendo a la conciliación. Algunas familias han retornado a las parcelas asumiendo los riesgos, pero en estos instantes no están dadas las condiciones de seguridad y el Estado debe ofrecer la estabilidad alimentaria, protección y brindar las garantías a los labriegos de la región, dijo.
Los decretos que se extienden
Entre las normas extendidas se encuentra el Decreto 106, que establece medidas de financiamiento, alivio de deudas y apoyo productivo al sector agropecuario, para proteger los medios de vida de campesinos, pequeños y medianos productores, facilitando su retorno, estabilización y generación de ingresos.
Asimismo, se prorrogó el Decreto 107, enfocado en la protección de zonas agrícolas y cadenas de suministro alimentario, así como en el restablecimiento de los sistemas agroalimentarios y la garantía del derecho humano a la alimentación.
También se mantienen vigentes por tres meses adicionales el Decreto 108, que establece medidas para la protección de tierras, territorios y activos del sector agropecuario; el Decreto 117, que contempla acciones transitorias en materia de turismo para mitigar los efectos del conflicto; y el Decreto 118, que otorga al presidente la facultad de designar un comandante militar encargado del control operacional de la Fuerza Pública en las zonas afectadas.
A estos se suman el Decreto 120, con disposiciones para garantizar la continuidad del servicio de transporte público terrestre; el Decreto 121, que habilita al Ministerio de Vivienda para adelantar proyectos directos de acceso a agua potable, saneamiento básico y reubicación de población desplazada; el Decreto 134, que impone restricciones a la comercialización y circulación de sustancias químicas controladas para evitar su uso en la producción de cocaína; el Decreto 137, enfocado en brindar protección integral a personas y comunidades afectadas por graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario; y el Decreto 180, que impulsa programas para desvincular a núcleos familiares de economías ilícitas y promover su tránsito hacia actividades productivas legales.
Finalmente, el Decreto 433 del 8 de abril de 2025 destaca el avance del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la conformación de 20 defensorías de familia que operarán en el Catatumbo a partir de mayo. Esta medida busca fortalecer la prevención y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en articulación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
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