El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta decretó medidas cautelares a favor del Resguardo Indígena Motilón barí, en Norte de Santander, entre ellas, que sus miembros sean parte, con voz y voto, de los diálogos de paz del gobierno con las estructuras criminales de la zona.
La solicitud fue presentada el pasado 14 de marzo por la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
En un comunicado, la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo barí agradeció la labor gubernamental para atender la crisis humanitaria que hoy viven “nuestros hermanos campesinos y los firmantes de paz” en el Catatumbo.
Los líderes indígenas resaltaron el papel de la DAE en esta decisión judicial, ya que la directora de Asuntos Étnicos de la URT, María Alejandra Montaño, viajó en diferentes ocasiones junto a su equipo, este año, para dialogar y responder por los compromisos asumidos con la comunidad.
Reconocimiento a la Unidad
Así mismo, el resguardo barí destacó los avances significativos en el reconocimiento de su autonomía y gobierno propio, en busca de emprender acciones conjuntas que incluyan a su pueblo en los procesos que resuelvan los problemas estructurales de la región.
Las medidas cautelares protegen a 3.120 personas de 462 familias, en un territorio colectivo de 178.543 hectáreas, que incluyen las tituladas y las solicitadas en ampliación. Este resguardo abarca los municipios de El Carmen, Teorama, Convención, El Tarra y Tibú en Norte de Santander.
Algunas de las medidas reconocen el papel fundamental de esta comunidad ancestral para impulsar la negociación de paz en el Catatumbo; ordenan la participación permanente en las mesas de diálogo con los grupos armados ilegales; el reconocimiento de la noción amplia del territorio indígena; así como determinar salvaguardas concretas para ampliar el resguardo.
“Radicamos la solicitud preventiva para la protección de los derechos étnico-territoriales del Resguardo Motilón barí, argumentando el recrudecimiento del conflicto armado en esta región. Con base en el artículo 151 del Decreto Ley 4633, tratamos de proteger a las comunidades gravemente violentadas. Ahora celebramos la decisión judicial”, informó Montaño.
El accionar violento de los grupos armados organizados en el territorio colectivo del resguardo ha generado desplazamientos forzados y confinamiento.
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De acuerdo con el último balance de la Gobernación de Norte de Santander, sobre la crisis humanitaria, en los últimos meses se han presentado 130 homicidios, entre los que están seis firmantes de paz, tres líderes sociales y 116 particulares. También hay registro por 42 personas heridas, la mayoría de ellas en Tibú y El Tarra. Hay cinco firmantes de paz que todavía no aparecen.
La cifra de desplazados supera los 66.000, quienes en su mayoría han buscado refugio en Cúcuta, Ocaña, Tibú, El Tarra, Convención y San Calixto. Entre tanto, permanecen confinadas casi 12.000 personas en los departamentos del corazón del Catatumbo.
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