Alrededor de 60 víctimas de desplazamiento forzado del Catatumbo, alojados en varios hoteles de la ciudad, se encuentran en total incertidumbre, luego de que fueran notificados de un eventual desalojo a partir del 22 de julio, toda vez que ya fueron incluidos en el sistema nacional como víctimas del conflicto, y ahora su atención corresponde a la Unidad de Víctimas, como entidad especializada.
La Opinión conoció que el alojamiento en hoteles es para personas que recién van llegando desde los municipios afectados por el conflicto y que no han cumplido con el proceso de declaración ante el Ministerio Público y, por lo tanto, todavía se encuentran en una situación de desamparo; mientras que las personas que ya surtieron el trámite y fueron reconocidas como víctimas, pasan a ser atendidas a través de otras rutas.
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Sin embargo, aunque las personas que están a punto de ser desalojadas, si bien ya cuentan con el reconocimiento de víctimas por parte del Estado colombiano, muchas no han recibido nada más allá del estatus, es decir, no cuentan con empleo, apoyo financiero o el respaldo de algún familiar o amigo, que pueda apoyar su proceso de reasentamiento en otro territorio fuera del Catatumbo.
Maira y su hermana Rosmary son dos de las mujeres que, hasta la fecha, se han mantenido en alojamientos temporales junto a sus hijos, desde que salieron de sus casas, en la vereda del kilómetro 19 de La Esmeralda, vía La Gabarra, y que ahora enfrentan un panorama de total incertidumbre, tras recibir la noticia de que a partir del 22 de julio deben buscar a dónde irse.
“Nosotros no podemos volver a dónde estábamos. Quedamos desamparados de nuevo”, expresó Maira, quien señala que en este momento de su vida ni siquiera buena salud tiene, pues una artrosis en sus piernas la tiene en condición de discapacidad, por lo que tampoco puede salir en busca de un empleo.
En el caso de Rosmary, indica que tiene dos hijos, una niña de 14 años y un niño de 13. “Nosotros no podemos regresar por allá, primero porque estoy en espera de una cirugía de ojos para mi hija, que tiene cataratas; y segundo porque a mi hijo se lo intentaron llevar para el monte varias veces el año pasado y ahorita debe ser peor, no me voy a arriesgar a eso”, explicó la mujer, en referencia al temor de un reclutamiento forzado por parte de los grupos ilegales.
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“Si pudiera volver, lo haría”
Rosmary y su familia salieron de La Gabarra el 18 de enero, apenas dos días después de que iniciaran los enfrentamientos entre el Eln y la disidencia del Frente 33 de las Farc. Luego de tres días en Tibú, viajaron a Cúcuta, y desde entonces han pasado de hotel en hotel, sorteando penurias en medio incluso de problemas depresivos.
“No ha sido fácil”, expresa Rosmary, quien reiteró el temor que siente frente al riesgo de terminar en la calle. “Si pudiera regresar a mi casa lo haría”, afirma, y recuerda que allá sobrevivía vendiendo hielo y cocinando a los trabajadores de las fincas de palma.
“Mis hijos tenían cerca su escuela, todo iba bien, pero ahora hay demasiada incertidumbre, tengo a mi hija con su problema de ceguera, esperando por un turno para cirugía que nunca llega y mi hijo con casi el año de estudio perdido, porque desde que nos cambiaron de hotel ya no fue más al Colegio Temporal -habilitado por la Gobernación- porque no lo buscó más el transporte”, dijo.
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La Opinión intentó establecer con la entidad territorial de la Unidad de Víctimas el destino de estas personas pero no fue posible.
En todo caso, lo último que se supo en materia de atención a esta población, fue el traslado de más de 90 personas al departamento del Tolima, donde además de reubicarse se les entregaron herramientas para promover el desarrollo de proyectos productivos, que permitan su sostenimiento, de modo que este pudiera ser el escenario para las personas que saldrán eventualmente de los alojamientos temporales en Cúcuta.
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