Con la recién aprobada reforma, que convirtió el contrato de aprendizaje en laboral pleno, se dignifica el trabajo de practicantes y aprendices, pero a la vez un golpe para las empresas, porque eleva los costos de contratación.
De acuerdo con el informe ‘Una reforma que castiga a los más jóvenes’, de la Centro de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), se aumenta en más de 105% el presupuesto de la nómina para cada uno de esos colaboradores, porque pasa de $1.075.027 a $2.204.727. La medida es de aplicación inmediata.
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Según los investigadores, desde 2002, el contrato de aprendizaje funcionaba como un puente estratégico entre la educación y el mundo laboral, caracterizado por su finalidad exclusivamente formativa y una estructura de costos diferenciada, que beneficiaba tanto a estudiantes como a empresas.
No obstante, lo aprobado en el artículo 23 de la Reforma Laboral hace que esta contratación sea especial y a término fijo, en concordancia con el Código Sustantivo del Trabajo.
“Los aprendices del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) recibían apoyo económico del 50% del salario mínimo durante la etapa lectiva y 75% durante la práctica, equivalente a $1.075.027 mensuales. Con la reforma, se establece el 75% del salario mínimo en la etapa lectiva y el reconocimiento del 100% de un salario mínimo durante la etapa productiva en la empresa”, se explicó en el texto.
Mientras el contrato anterior solo contemplaba aportes para la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) durante la etapa productiva, ahora se incorpora la afiliación completa al sistema de seguridad social como trabajador dependiente, es decir, cotización en pensión y el reconocimiento integral de prestaciones: cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, y prima de servicios.
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Para ANIF, más costos generan incentivos negativos para la contratación, pues, cuando el valor de contratación de un aprendiz se aproxima a los de un trabajador experimentado, las empresas potencialmente optarán por la segunda alternativa, lo que reduce oportunidades para jóvenes sin experiencia laboral.
Cuatro de cada diez contratos son de aprendices
ANIF precisó que los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2024 muestran que cuatro de cada diez contratos beneficiaban estudiantes SENA, cinco de cada diez a universitarios en práctica profesional y uno de cada diez a estudiantes de instituciones privadas de formación laboral, lo cual videncia el amplio uso de esta figura dentro la población estudiantil.
“En últimas, la conversión del contrato de aprendizaje en una relación laboral tradicional desconoce las particularidades del proceso formativo y los incentivos necesarios para promover el empleo juvenil”, destacó el informe.
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La institución añadió que, al equiparar costos entre aprendices y trabajadores experimentados, la reforma elimina los incentivos económicos para la inserción de los jóvenes, convirtiendo la contratación en una obligación legal costosa, una “distorsión” que llevará a que las organizaciones se limiten al cumplimiento mínimo de cuotas legales.
Así, las empresas podrían optar por eliminar la contratación voluntaria, que beneficiaba a una población con mayores tasas de desempleo en comparación con la media nacional.
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