Las Familias campesinas del Catatumbo que en 2016 ingresaron al programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito protagonizaron ayer tomas pacíficas en las alcaldías de Tibú y Sardinata, en protesta por los incumplimientos de los acuerdos suscritos el pasado cinco de abril con el Gobierno nacional.

Las manifestaciones también escalaron hasta la sede de la gobernación de Norte de Santander, en donde funcionarios de la ‘cúpula chata’ sirvieron de intermediadores de los campesinos para obtener una respuesta de parte de la directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Gloria Miranda.

Alexander Moreno, vocero de 2.600 familias excocaleras, expresó a La Opinión que de los acuerdos pactados con Miranda el pasado abril solo les cumplieron con $3.000.000 de pesos en efectivo para cada familia, lo que no representa ni una cuarta parte del total de los compromisos suscritos.

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Lo que pedimos ahora es que el PNIS reanude las soluciones y en la medida que se vaya dando cumplimiento las familias se irán retirando de las sedes oficiales, dijo Moreno, lo que quiere decir que la atención al público en las alcaldías antes mencionadas y en la Gobernación podría mantenerse suspendida hasta nueva orden.

Entre las familias que ayer se apostaron en las afueras de la sede de la Gobernación se encontraban, mujeres, hombres y niños en un número de 50, cifra que podrían aumentar hoy en caso de no producirse una respuesta concreta por parte de la directora del PNIS Gloria Miranda.

Según los campesinos con los que dialogó La Opinión ayer, los incumplimientos del Gobierno se han mantenido casi desde el mismo ingreso de las familias al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, cuando cada una procedió a erradicar las matas de coca que tenían sembradas en su territorio y puso en marcha los proyectos productivos acordados con el PNIS.

“El proyecto que cada familia emprendió en 2016, entre otros de avicultura, porcicultura, cultivos de pancoger y de mediano y largo plazo, quedó suspendido porque el Gobierno incumplió con los giros de los recursos, lo mismo que está sucediendo ahora con los compromisos pactados en abril cuando nos reunimos en Cúcuta con Miranda”, dijeron.

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En esa oportunidad, los voceros de las familias campesinas expusieron a la funcionaria las  solicitudes que tenían para el Gobierno, pero en especial la que se diera cumplimiento a los compromisos adquiridos en 2016 en cuanto a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Sin embargo, pese a que las familias erradicaron el cultivo de hoja de coca en sus territorios, el programa no cumplió con los compromisos adquiridos dejándolos a la deriva desde el año 2016. 

“El Gobierno, desde la dirección del PNIS, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estuvieron presentes comprobando que realmente se haya hecho la erradicación del cultivo. Nosotros cumplimos, ahora les corresponde a ellos”, manifestó uno de los campesinos afectados.

El programa tenía dos puntos importantes, por una parte debía consignarse un incentivo económico de mantenimiento que duraría un año y que contribuiría al sostenimiento de las familias y a las labores de alistamiento, mientras los proyectos productivos empezaban a generar ganancias.

Sin embargo, los voceros campesinos manifestaron que dejaron de recibir las consignaciones mensuales y los proyectos productivos nunca se ejecutaron.

“Algunos tuvimos pérdidas porque ya habíamos realizado limpieza de los terrenos, invertido en siembras y nunca llegaron los insumos prometidos”, manifestó otro de los campesinos presentes ayer en las manifestaciones en las afueras de la Gobernación.

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Los acuerdos de abril

Según las últimas cifras reveladas por la mesa humanitaria del Catatumbo que sesionó el fin de semana pasado en Ocaña, del conflicto entre guerrillas que estalló en enero del presente año, se ha producido más de un centenar de muertes violentas, 68.400 desplazados, 52 personas lesionadas, 11.000 confinados y 800 en alojamiento temporal.

Ante este panorama, la gran mayoría de familias excocaleras que hicieron parte del PNIS hoy se encuentran fuera del territorio, como desplazados, o en confinamiento, por lo que la petición principal por parte de los voceros es que se les haga entrega de los recursos y no de los implementos como inicialmente se planeó en el programa. 

“Aún no se han dado las condiciones para un retorno seguro a nuestras fincas que es donde podríamos llevar a cabo los proyectos”, dijeron voceros de los campesinos.

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