Juana Valentina  estaba en el vientre de su mamá Martha Casadiego cuando pistoleros al margen de la ley asesinaron a su papá.

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Martha estaba criando a su primer hijo de cuatro años cuando la vida le dio un vuelco inesperado: tener que asumir el mando del hogar en estas condiciones le significó un verdadero reto para poder garantizar su supervivencia y la de sus dos pequeños.

Se había convertido en una víctima de la guerra que libran los grupos al margen de la ley en Cúcuta. Como ella, otras 13.961 mujeres cabeza de hogar también viven en la capital nortesantandereanas en las mismas condiciones tratando de sobrevivir hacia un futuro mejor.

La Unidad Nacional de Víctimas confirmó a La Opinión que en Norte de Santander son 45.182 las mujeres cabeza de hogar, víctimas de la guerra de los grupos al margen de la ley. Muchas de ellas desplazadas de sus tierras, otras cuyos esposos fueron asesinados.

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Y aunque el Estado a muchas de ellas las ha indemnizado con los mínimos primarios, también muchas de ellas afirman no haber sido reparadas conforme lo ordenaron las sentencias (C-370 de mayo de 2006).

Martha Casadiego, residente en el barrio Torcoroma, confesó que al principio le tocó librar una lucha sin cuartel con el mismo Estado para que le reconociera una indemnización por los daños ocasionados por una guerra de la que no hacía parte.

“Me quedé sin esposo y con dos hijos, uno a punto de venir a este mundo y otro de escasos cinco años. Pero eso no era todo. Vivíamos en arriendo y quien veía de nosotros era mi marido, que ahora estaba muerto, fue una situación más que difícil”, relató la mujer.

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El hacer parte del ‘ejército’ de casi 14.000 mujeres víctimas de la guerra, todas cabeza de hogar en Cúcuta, la obligaron a reinventar su vida y la de su familia. Lo primero que le tocó hacer fue reunir evidencias y reclamar ante el Estado las indemnizaciones, lo cual se vino a concretar muchos años después de sucedidos los hechos fatales.

“Si bien nos dieron una indemnización, eso no fue acorde a lo ordenado por la sentencia, por ello consideramos que no se nos cumplió como lo ordena la ley”, dijo Casadiego.

Aura Sarmiento, otra madre cabeza de hogar víctima de la guerra, también afirma que se siente “tristemente abandonada por el Estado, porque hay una sentencia que no se ha cumplido a cabalidad”. Ella reclama que ni en la pandemia de la COVID -19 se sintieron respaldadas por el Gobierno Nacional, porque no recibieron ninguna clase de ayuda ni incentivos económicos como sí se produjo con otros sectores de la población.

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Ni en la parte educativa ni en salud se ha sentido apoyada para sus hijos. Pertenecer al registro único de víctimas fue una lucha terrible, dice.

En esta lucha Aura asegura que lleva más de veinte años. Lapso durante el cual también, al igual que Casadiego, se vio obligada reinventarse. Hoy deriva su sustento y el de su familia de la labor de estilista que desempeña en un salón de belleza de la ciudad.

Aura asegura que muchas víctimas con las que venía gestionando ante el Estado la reparación han muerto; otros permanecen postrados, enfermos en sus casas lo cual, dice, no han podido recibir el beneficio que la Ley les ofrece.
 

Muchas de las mujeres cabeza de Hogar aún no logran recomponer la ruta de sus vidas, tras los sucesos trágicos que las dejó sin esposo por culpa de la violencia. Una de ellas es Esther, de 35 años, madre de tres hijos, todos menores de edad, a la que le tocó dejarlos en casa, algunas veces solos, otras al cuidado de un vecino, para salir en busca del sustento lavando y planchando ropa.

“No he podido contar con una oportunidad laboral de ningún alcalde ni mucho menos del Gobierno Nacional he recibido un subsidio que me ayude económicamente para sobrevivir con mis hijos”, asegura Esther, quien llegó a Cúcuta hace cinco años desplazada desde la Gabarra, en el Catatumbo.

María Adelaida, de 29 años, madre cabeza de hogar de dos hijos de 10 y siete años, abandonó su natal Hacarí luego de que su esposo fuera asesinado por un grupo armado ilegal que hace presencia en esa localidad.

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Vive en Ocaña, en donde se desempeña en oficios varios en un almacén del centro de esta ciudad.  “Solo le pido al Gobierno que mire a las mujeres víctimas cabeza de hogar, que aquí en el departamento somos muchas las que quedamos abandonadas y a la deriva. Necesitamos salud, educación y empleo, sin esto seguiremos siendo víctimas toda la vida”, denunció María Adelaida.

Fenómeno en Cúcuta, en auge

Iván Vega Gómez, líder de la mesa de víctimas de Cúcuta denunció que esto que vive María Adelaida en Ocaña lo padecen muchas mujeres cabeza de hogar de la capital nortesantandereana. Aseguró que las ayudas que la Personería y Defensoría del Pueblo notifican para las mujeres víctimas desplazadas “no las están entregando bajo el argumento de que ya se acabó el presupuesto”.

El secretario de Víctimas y Cultura de Paz del municipio, Yefri Torrado, refutó las quejas de las víctimas de Cúcuta que reclaman ayuda humanitaria inmediata, entre esta, arriendo, alimentación y transporte, señalando que su despacho ha actuado con prontitud a este apoyo.

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Dijo que tratándose de alojamiento y transporte no ha existido inconvenientes en su entrega tanto en los años 2022 como en el 2023. No obstante, frente al componente de alimentación, sí se presentaron dificultades en la entrega a partir del mes de noviembre del 2022 y el mes de abril del 2023, principalmente, por el incremento exponencial de desplazados provenientes del Catatumbo, Arauca y otros municipios del país, lo cual puso a prueba los ejercicios de planeación proyectados.

Posteriormente, ante la ejecución del presupuesto de la vigencia 2022, se solicitaron medidas de subsidiariedad ante la Gobernación y la Unidad de Víctimas “las cuales fueron negadas”. 

Torrado dijo que a partir de mayo del presente año todos los procesos de apoyo a las víctimas se normalizaron, pero advirtió que preocupa el ingreso desbordado de víctimas a Cúcuta (Ver tabla).

Habla la Unidad de Víctimas de Norte de Santander

La directora regional de la Unidad de Víctimas, Judith Maldonado Mojica anunció que durante este segundo semestre de 2023 se va a hacer un importante esfuerzo por robustecer, acelerar y avanzar significativamente en los distintos procesos de indemnización a las víctimas. 

Reveló también que la Dirección de la Unidad Nacional de Víctimas anunció que en el marco de la política pública  se hará una especie de cabildeo en asocio con el Ministerio de Hacienda para que los recursos disponibles que tengan cualquier entidad del Gobierno Nacional  sean trasladados con destino a dar apoyo a las víctimas.

Maldonado indicó que las metas por concepto de  indemnizaciones se cumplieron el año pasado en un ciento por ciento y fue  la unidad a su cargo la que reportó la cifra más alta en todo el territorio nacional.

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Dijo que este año en  los cuatro procesos de municipalización cumplidos se han entregado 354 cartas de indemnización a víctimas por un valor que supera los 2.600 millones de pesos.

La Unidad Territorial de Víctimas hará énfasis también en el pago de indemnizaciones de aquellos adultos mayores enfermos que se encuentran postrados en sus casas, con el fin de que puedan aliviar sus cargas.

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