Las constantes quejas de los ciudadanos sobre las fuentes móviles y fijas que sobrepasan los niveles de ruido tolerables para el ser humano parecen caer en oídos sordos de los gobernantes de turno en el municipio de Ocaña.
La avenida Francisco Fernández de Contreras, así como barrios periféricos como Juan XXIII, Landia, Santa Clara, Las Llanadas, Simón Bolívar y la Circunvalar, se han convertido en zonas ruidosas donde los residentes no logran conciliar el sueño, especialmente durante la noche.
Los afectados reclaman a las autoridades ambientales acciones contundentes, así como la imposición de multas y sanciones a los infractores para frenar la contaminación auditiva.
“Es imperioso regular el uso del suelo por parte de la Oficina de Planeación, para evitar el funcionamiento de bares y cantinas en zonas residenciales”, manifiesta Emilio Jiménez, habitante del barrio Cañaveral, quien censura la pasividad de los patrulleros de la Policía Nacional al momento de imponer comparendos ambientales.
Los líderes comunales recomiendan a las autoridades revisar las condiciones acústicas de los locales comerciales y los equipos de amplificación de sonido para garantizar el cumplimiento de las normas.
Ante la permisividad de las autoridades, muchos comerciantes abren sus negocios al público y posteriormente adelantan los trámites relacionados con el uso del suelo, certificados ambientales e industria y comercio.
Los afectados aseguran que no ha existido “poder humano ni divino” para hacer cumplir la Ley 99 de 1993, que organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y establece normas para garantizar la tranquilidad de las comunidades.
“Es cuestión de aplicar las disposiciones. Ahora salió la Ley Antirruido y, a pesar de los supuestos controles, los jóvenes insisten en generar mayor malestar a los vecinos. Falta mano dura para castigar ejemplarmente a los infractores”, manifiesta Alonso Márquez, residente del barrio Sesquicentenario, quien considera que el control de esta problemática se salió de las manos de los mandatarios locales.
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A diario se observan conductores recorriendo las calles de la ciudad con parlantes a todo volumen, sin importar los quebrantos de salud de los adultos mayores. A ello se suma el “pistoneo”, práctica en la que se modifican los exhostos de las motocicletas para simular disparos, provocando crisis nerviosas entre los ancianos.
Contaminación sonora
La coordinadora del Laboratorio de Calidad del Aire de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, ingeniera ambiental Vicky Delgado Armesto, advierte que los niveles de contaminación sonora son alarmantes en algunos sectores de la ciudad.
De acuerdo con las mediciones realizadas, los puntos críticos corresponden a los barrios El Tejarito, Primero de Mayo, El Dorado, Nuevo Horizonte, el centro histórico, la plaza de mercado, Santa Clara, La Primavera y la Circunvalar.
El tráfico pesado y el alto número de motocicletas —alrededor de 55.000 registradas en Ocaña— son las principales fuentes de ruido. A esto se suman las fuentes fijas, como bares y discotecas, que en muchos casos no cumplen con la normatividad acústica, generando gran incomodidad entre los ciudadanos.
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Cada año, en octubre, se realiza en Ocaña el Día sin Carros y Motocicletas, y las estadísticas obtenidas durante esta jornada sirven de insumo para diseñar planes de mitigación. Sin embargo, el problema persiste, señala la profesional.
El mapa del ruido
La directora de la Unidad Técnica Ambiental, ingeniera Leidy Torcoroma Pérez, informó que junto con los integrantes del Subcomité de Control y Vigilancia se está elaborando un mapa de ruido para ejercer mayor control por parte de las autoridades.
“Se tienen plenamente identificados los lugares con mayor generación de ruido, como la avenida Francisco Fernández de Contreras, Ciudadela Norte, Primero de Mayo, Juan XXIII, Landia y la Circunvalar, donde se reportan constantes incumplimientos a la normatividad vigente, especialmente en lo relacionado con el uso del suelo”, explicó.
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En estas zonas se han sellado varios establecimientos abiertos al público y se exige a los propietarios implementar sistemas de insonorización. “Se trata de una labor pedagógica adelantada por la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Planeación y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), con el fin de imponer multas y sanciones”, agregó la funcionaria, quien reconoció la falta de una zona rosa para ubicar este tipo de negocios.
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