Luego de una semana de tensión y tras varias jornadas de concertación con funcionarios del Gobierno nacional, los damnificados por la avalancha en la vereda El Tarrita, zona rural de Ábrego, decidieron levantar las barricadas que mantenían cerrada la carretera Ocaña–Cúcuta y permitir nuevamente el paso de vehículos de carga y pasajeros.
La decisión fue confirmada por Torcoroma Peñaranda Vergel, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Brisas del Tarra, quien participó en las mesas de trabajo. Allí, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se comprometió a desembolsar los recursos correspondientes a nueve meses de subsidios de arriendo, mientras avanza el proceso de adquisición de predios para el reasentamiento de las familias afectadas.
Los líderes comunales solicitaron además al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, incluir en el plan de inversiones del próximo año una partida que contribuya a mitigar la crisis que padecen desde el desastre ocurrido el 31 de mayo de 2023 por una falla geológica en la cordillera.
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El levantamiento del bloqueo representa un alivio para los distintos gremios de la región, que reportaron millonarias pérdidas durante los siete días de cierre de la vía, una de las más estratégicas para el comercio y el transporte de la región.
Los acuerdos alcanzados
En la mesa de concertación se definió una hoja de ruta con plazos concretos para priorizar los lotes donde se reubicarán las familias. Este proceso contará con la participación de los ministerios del sector social, la Gobernación de Norte de Santander, Corponor, el Servicio Geológico Colombiano, la Agencia Nacional de Tierras y la UNGRD.
Además, se realizará una depuración de las listas para establecer con claridad quiénes tienen derecho al reasentamiento y se adelantará una caracterización socioeconómica de los damnificados.
En materia de infraestructura y servicios sociales, el Ministerio de Educación coordinará la reconstrucción de escuelas y colegios destruidos por la avalancha, mientras que Invías trazará el nuevo puente que permitirá superar de manera definitiva la emergencia vial.
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El personero de Ábrego, José Antonio Rodríguez Gómez, quien acompañó el proceso, aseguró que los compromisos firmados son un primer paso hacia la solución integral de la tragedia.
El clamor de la Iglesia
En medio de este panorama, el obispo de la diócesis de Ocaña, monseñor Orlando Olave, elevó un llamado al presidente Gustavo Petro y a las autoridades nacionales para que no olviden el drama humano de las familias que, dos años después de la emergencia, siguen esperando soluciones.
“El clamor de estas comunidades debe ser escuchado. Los campesinos no piden lujos, sino un techo digno, escuelas para sus hijos y la posibilidad de volver a sus tierras para trabajar”, expresó el prelado durante su visita pastoral a la parroquia El Divino Niño, en Ábrego, donde acompañó a las familias afectadas.
Olave instó a la UNGRD, al gobernador William Villamizar y al alcalde de Ábrego a redoblar esfuerzos para que las promesas se conviertan en realidades. Aunque reconoció que las vías de hecho no son el camino ideal, aseguró que a veces son la única manera que encuentran las comunidades para ser escuchadas.
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“Como Iglesia acompañamos su dolor y sus esperanzas, y pedimos misericordia y celeridad en las decisiones del Estado para que estas familias puedan rehacer sus vidas”, concluyó el obispo.
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