La acción de un habitante de residencia no formal, quien procedió a degollar a una paloma en el parque principal de Ocaña, encendió las alarmas entre los defensores de animales que solicitan la aplicación de las normas de protección en esta localidad.
Los ciudadanos cuestionaron el papel de la Junta municipal de Bienestar Animal para ejercer control y evitar la constante violación de las disposiciones emanadas a nivel nacional.
La sociedad defensora de animales exige la aplicación de la Ley Ángel para imponer multas y castigos ejemplares ante estas conductas.
La vocera cívica, Daniela Raad, censuró la actitud del habitante de la calle quien expresó que tenía hambre y por eso había tomado tal decisión de montarse en las palomeras.
Lea además: Nueva autodefensa dejó grafitis en paredes del mercado en Ocaña
Ante este caso la comunidad también solicitó a la Salud Pública la implementación de la ruta de atención para la rehabilitación de esas personas.
Corazón animal
La representante de la Sociedad protectora de animales, Nohora Pinto Sánchez, salió en defensa de los seres sintientes atropellados por la indolencia de la misma sociedad.
“A pesar de las disposiciones emanadas a nivel nacional, en Ocaña no se cumplen y los índices de maltrato animal son bastante altos. Observamos a diario la manera como arrollan a perros abandonado y los conductores siguen su marcha”, denunció.
Explicó que, a la hora de un accidente, el responsable debe recoger a la víctima, llevarla a una clínica veterinaria y correr con los gastos. “Es lamentable la actitud de indiferencia, pero ahora con la Ley Ángel están expuestos a fuertes multas e incluso la cárcel”, añadió.
Lea además: En Ocaña los habitantes de la calle sobreviven debajo de los puentes
En el caso del sujeto que procedió a degollar la paloma agregó que “infortunadamente se constituye en un problema de salud pública y esa falta es imputable debido a los trastornos mentales, pero se debe brindar un tratamiento a esas personas”, aclaró.
Junta de Bienestar Animal
En tela de juicio se encuentra el papel de los integrantes de la Junta de Bienestar Animal en Ocaña ante los numerosos casos de maltrato, sin imponer sanciones a los infractores.
Consideran que esa figura fue implementada por la administración local para cumplir una disposición, pero el accionar es nulo ante las denuncias de las comunidades.
Los animalistas exigen a la Policía ambiental adelantar los operativos y aplicar el Código 1801, llevando esos casos de maltrato ante el Centro de Convivencia Pacífica para la conciliación y a la Fiscalía los casos de tipo penal.
La abogada Nohora Pinto Sánchez, manifestó que, aunque Andrea Padilla luchó por una ley, se requiere el compromiso para aplicar los parámetros.
Lea además: Ecos del liderazgo juvenil a nivel mundial para salvar el planeta
“Ocaña carece de un Centro de Bienestar Animal por falta de recursos y los alcaldes de turno no lo incluyen en los planes de desarrollo municipales. Un sitio de esa naturaleza es bastante costoso debido a la adecuación, la asepsia y los médicos veterinarios asignados para tal fin, sin embargo, se deben hacer los esfuerzos”, precisó.
Veterinario responde
El presidente de la Junta de Bienestar Animal de Ocaña, Carlos Bayona reconoce que han aumentado los casos de maltrato en esta región del país por intolerancia y falta de cultura de la gente.
“Muchas personas proceden a golpear a los perros callejeros y en el peor de los casos a envenenarlos. Así como los gatos, en su gran mayoría son abandonados y nunca son esterilizados para evitar la proliferación”, explicó.
Además, invitó a la ciudadanía a la tenencia responsable de las mascotas.
Lea además: Alcaldes de la provincia de Ocaña esperan ayudas
“Nosotros adelantamos brigadas educativas en los colegios, vacunación y esterilización con el apoyo de la empresa privada, pero la misión es de carácter altruista y voluntaria”, recalcó.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.
