Cuando está por cumplirse un mes -el próximo martes- de la intervención militar Determinación Absoluta, emprendida por los Estados Unidos en Caracas, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, nada ha cambiado bajo el sol de Venezuela. 

Salvo el relevo de mando dentro de la estructura del gobierno chavista, que  ostenta Delcy Rodríguez, la implementación de una serie de medidas ajustadas a las exigencias del plan diseñado por la administración estadounidense de Donald Trump y la liberación parcial de presos políticos, para el venezolano del común el ambiente en el país se mantiene como siempre, entre la incertidumbre y la tensión. 

Así lo confirmaron políticos y analistas venezolanos consultados por La Opinión para tratar de comprender lo sucedido en ese país en los últimos 30 días. 

Proceso inédito

Piero Trepiccione, coordinador de la Red de Centros Sociales de los Jesuitas en América Latina y el Caribe, describe el escenario venezolano como de “cierta estabilidad precaria”, dado por la prevalencia de un gobierno que mantiene un orden constitucional, pero en medio del tutelaje geopolítico de Estados Unidos, que supone un formato inédito e incierto en el camino de la transición. 

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“Hay numerosas variables sueltas en este momento,  se depende mucho de cómo se mantenga la unidad en los factores del chavismo, pero también de la influencia de Trump en el escenario geopolítico global”, dice. 

En concepto del periodista y consultor político Gustavo Azócar, en este momento en Venezuela se vive un proceso de transición con características “muy sui generis”, en el que solo se están abordando aspectos de tipo económico y nada en lo político, “pero que tendrá que venir, para que podamos convencernos de que estamos ciertamente en una transición”. 

Observa que dentro de las reformas políticas que deben hacerse en el corto plazo, por su relevancia de cara a la transición democrática que se busca, es la del sistema electoral, sobre todo porque el mandato de Delcy Rodríguez, tal como lo contempla el artículo 234 de Constitución de Venezuela, invocado por el Tribunal Supremo para designarla en el cargo ante la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro, no puede exceder los 180 días máximo.

“Eso significa legalizar partidos políticos y actualizar el registro de electores para que los ocho millones de venezolanos que están en el exterior puedan votar”, expone por su parte César Pérez Vivas, exgobernador del vecino estado Táchira y dirigente de la oposición venezolana.

En este sentido, el pasado 20 de enero, Jorge Rodríguez, quien preside la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció la intención de impulsar un nuevo Código Electoral que, según él, pretende simplificar los trámites administrativos y eliminar “trabas burocráticas” en la participación política. Hasta el momento, dicha propuesta se mantiene en agenda legislativa sin mayores avances. 

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Sobre el tiempo que podría tomar llegar a estas condiciones, Pérez Vivas coincide con Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, quien ha estimado que sería para el tercer trimestre del presente año. 
 
Sin embargo, asegura que para llegar allá es necesario avanzar en otros aspectos como la liberación de todos los presos políticos, la eliminación del decreto de estado de excepción dictado el tres de enero, que restringe todos los derechos; pero además ofrecer garantías plenas para  el derecho a la libre expresión y el ejercicio político para hacer oposición. 

“Hasta ahora la dictadura está obedeciendo las instrucciones de Washington en el tema económico, pero hace falta avanzar a mayor velocidad en el campo político”, sostiene Pérez Vivas.

Desmontar el aparato represivo

De acuerdo con los entrevistados, avanzar en las reformas políticas pasa por tumbar el aparato opresivo chavista, que encarnan Diosdado Cabello, ministro del Interior, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, el cual se mantiene vigente, al punto de que dentro de Venezuela nadie que no sea afín al gobierno habla abiertamente -y menos a favor- sobre lo sucedido el tres de enero. 

“Diosdado Cabello es el ‘ministro del terror’, pues no solo maneja las policías del país, que actúan al margen de la ley y la Constitución, sino que maneja grupos paramilitares o parapoliciales, como los colectivos, o la relación que él tiene con la guerrilla colombiana del Eln y las disidencias de las Farc, que operan en todo el país en pro de los intereses de la dictadura”, afirma Pérez Vivas. 

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En este sentido, el exgobernador sostiene que para que pueda haber garantías de un proceso electoral, en el que se va a respetar desde la posibilidad de hacer campaña, hasta el resultado en las urnas, “hay que desmontar todo el aparato represivo y terrorista que tiene instalada la dictadura en Venezuela, para lo cual, personajes como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino deben abandonar el escenario político”, insiste.

Ley de amnistía

En las últimas horas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció una ley de amnistía general para los presos políticos, iniciativa que sería aprobada en los próximos días por la Asamblea Nacional y que abarcaría los casos registrados desde 1999.

Asimismo, la jefe de gobierno venezolano anunció el cierre de la cárcel del Helicoide, denunciado como un centro de tortura, asegurando que el mismo será convertido en un centro de servicios sociales y deportivos para la sociedad.

No obstante, para el exgobernador Pérez Vivas una señal clara también debe ser la depuración de las Fuerzas Armadas, que actualmente representan un brazo político del régimen. 

“Van a tener que someterse al poder civil y obviamente la garantía es precisamente la actuación del Gobierno de Estados Unidos y su disposición de controlar los brotes de rebeldía que puedan existir en sectores militares comprometidos ideológica o económicamente con la dictadura, a través de minería ilegal, contrabando o de narcotráfico”, dice Pérez Vivas.

Considera también que la teoría militar socialista impuesta por el fallecido presidente Hugo Chávez y el nuevo orden propuesto de alianzas con ejes geopolíticos distintos al occidental, como China, Irán o Rusia, deben ser revisados.

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