Desde el pasado martes, la jornada laboral en Colombia se redujo de 48 a 46 horas semanales como parte de la transición hacia las 42 horas previstas en la Ley 2101, para 2026.
Para la directora del Programa de Economía de la Universidad Católica de Colombia, Alba Yaneth Varón Torres, la reducción horaria sin disminución de salario implica, en la práctica, un aumento del costo por hora trabajada, lo cual pone presión sobre sectores con turnos largos y márgenes operativos reducidos, como comercio, gastronomía y vigilancia, que deberán rediseñar sus jornadas o aumentar el personal.
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Las proyecciones de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) estiman que el costo de la hora trabajada podría aumentar hasta un 6% más cara con el nuevo esquema, siendo un desafío para las organizaciones de menor tamaño o aquellas con operaciones nocturnas o en días festivos.
“A nivel macroeconómico, la medida puede mejorar el valor relativo del trabajo, fortalecer el consumo y dignificar la relación entre tiempo y salario. Pero en la microeconomía, surgen riesgos: ajustes en bonificaciones, recortes de horas extra o informalización encubierta, especialmente para quienes trabajan por días o por horas”, afirmó Varón.
La economista destacó que lo que está en juego no es solo el ingreso, sino la forma en que se gana.
“¿Habrá tiempo real para cuidar, aprender, descansar? ¿O esas dos horas terminarán diluyéndose en sobrecarga laboral? Los cambios se juzgarán por cómo se transforme o no la cultura del trabajo en el país”, añadió la docente.
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Impactos de la reforma
Alba Yaneth Varón indicó que la Reforma Laboral reactivó el debate sobre el futuro del trabajo en el país y que, más allá de los titulares, el análisis exige observar con detenimiento las múltiples dimensiones que la atraviesan: desde los impactos macroeconómicos y la sostenibilidad pensional, hasta los efectos sobre los micronegocios, la informalidad y el bienestar de los trabajadores.
La economista dijo que, en términos generales, la nueva ley busca reordenar el mercado de trabajo mediante el retorno del contrato indefinido como norma, la recuperación de recargos eliminados hace dos décadas y la formalización de más de un millón de empleos. Esto supone no solo cambios técnicos, sino compromisos fiscales y sociales con organismos internacionales como la OIT.
“Hay diferentes aristas jurídicas, económicas, sociales, que se entrecruzan; las lecturas macroeconómicas, microeconómicas y del bienestar aunque parten de supuestos distintos, ofrecen conclusiones complementarias”, añadió.
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Aseguró que, desde la macroeconomía, la reforma apunta a fortalecer el sistema pensional y ampliar la base contributiva. Sin embargo, cuando se enfoca la mirada hacia la microeconomía, surgen tensiones claras: el impacto varía dependiendo del tamaño y la formalidad de las empresas.
Varón manifestó que, con más de cinco millones de micronegocios en Colombia, muchos sin acceso a seguridad social, el artículo 36 de la reforma (que contempla aportes parciales) aparece como una vía intermedia para avanzar hacia la formalización sin asfixiar a este sector clave.
Aun así, se requieren otras medidas complementarias, como acceso al crédito, reducción de trámites y programas de capacitación diferenciados por sectores.
La directora del Programa de Economía de la Universidad Católica de Colombia resaltó que la reforma también se detiene en una dimensión pocas veces priorizada: la economía del bienestar.
Señaló que se plantea un reconocimiento explícito a trabajadores históricamente invisibles: madres comunitarias, empleadas del servicio, mujeres rurales, cuidadores, entre otros.
Finalmente, manifestó que el debate no admite respuestas simples, porque los impactos de la reforma dependen de cómo se implemente y con qué compromiso se acompañe.
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