La prevalencia de inseguridad alimentaria subió en Norte de Santander, en el último año. La compleja situación económica de los hogares se evidencia en que, en tres de cada de diez de ellos, uno de sus integrantes tuvo hambre y no comió por falta de dinero o aguantó hambre un día entero. 

Este panorama lo reflejó el informe con base en la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES por sus siglas en inglés) presentado por la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Piedad Urdinola.

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Según lo explicado por Urdinola a La Opinión, en 2024 la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada en la región subió 0,9 puntos porcentuales p.p. y se ubicó en 24,8%, respecto a 2023 (23,9%), siendo un aumento no significativo, con 130.000 hogares aproximadamente en esa condición de los 524.000 contabilizados.

Sin embargo, la prevalencia de inseguridad alimentaria grave tuvo un incremento significativo de 2 p.p., pasando de 3,6% a 5,6%, abarcando a alrededor de 29.000 hogares. 

En promedio, el 30,4% de las familias padece la inseguridad alimentaria, ya sea moderada o grave, es decir, 159.296. En comparación al año anterior, con un indicador de 27,5% (140.250), 19.046 hogares más pasaron en 2024 a enfrentar inseguridad alimentaria en cualquiera de sus niveles.

Bajo ese contexto, el número de hogares que enfrenta problemas para alimentarse es del tamaño de las familias de Pamplona (14.368) y Convención (5.181) juntos, según el censo 2018.

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La realidad reflejada por el estudio de inseguridad alimentaria a partir de la FIES concuerda con otros negativos indicadores económicos de Norte de Santander, como el desempleo, donde el territorio ocupa el tercer lugar (12,8%), antes de Chocó (15,9%) y Caquetá (13,9%); y alta informalidad laboral, de alrededor del 60%. 

Además, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2024 del DANE, el 44,8% de los hogares se considera pobre, o sea 234.752 de los 524.000, y al 32,6% no le alcanza los ingresos que percibe para cubrir sus necesidades básicas. 

También vale recordar que, por lo menos en Cúcuta, el 59% de los habitantes de los estratos 1 al 4 gasta entre $118.878 y $237.756 semanales en mercado, mientras que un 35% destina más dinero, como lo informó recientemente La Opinión basado en un estudio de Auditoría de Crowe Co. Entonces, en promedio, un consumidor destina un millón de pesos en comida mensualmente. 

Experiencias individuales de inseguridad alimentaria en el último año 

Programas más territoriales

El economista e investigador Mario de Jesús Zambrano, explicó que la seguridad alimentaria es poder acceder a alimentos y está relacionada con la dignificación de la vida humana y la sostenibilidad vital, por lo que no es un tema menor y va más allá de los datos, los cuales presentan una realidad preocupante.

“El caso de Norte de Santander, con una presión migratoria, cifras de pobreza monetaria y multidimensional considerables, deficiencias en su mercado laboral y sobre todo los rezagos rurales que hemos visto en otros indicadores, las variaciones pequeñas pueden tener efectos acumulativos severos”, apuntó el docente de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) sobre la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada.

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Respecto al comportamiento de la prevalencia grave, Zambrano dijo que su alza de 2 puntos es muy alarmante, debido a que implica que miles de hogares están enfrentando días sin comer. En último año, 11.000 hogares aproximadamente pasaron a engrosar la cifra de inseguridad alimentaria grave.

“Es bastante complejo. La población está enfrentando una fase crítica que requiere, de alguna manera, una intervención de carácter urgente, con programas sociales y con un enfoque humanitario”, apuntó el economista.

Mario Zambrano destacó que se evidencia un patrón preocupante en los hogares más vulnerables estructuralmente: los rurales, los numerosos, los monoparentales y con niños pequeños son los más afectados.

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Resaltó que esta realidad muestra un acceso desigual a servicios, ingresos, redes de apoyo y refuerza la necesidad de que los programas de seguridad alimentaria tienen que incorporar una orientación territorial y de ciclo vital, clave en términos de política pública.

“Esto quiere decir un enfoque en determinados rangos de edad; en infancia, por ejemplo, que tendría implicaciones muy poderosas en su desarrollo cognitivo, personal y de crecimiento económico a largo plazo. Estamos perdiendo, si nuestros niños no están bien alimentados, pero también los adultos mayores”, argumentó el docente de la ESAP.

El dato

En cifras absolutas del DANE, en la región, 420.000 habitantes sufren inseguridad alimentaria moderada y 90.000 grave. 

La prevalencia es más alta en los hogares de los centros poblados dispersos y rurales, sin importar el número de integrantes, y se acentúa si son más numerosos, monoparentales y si hay al menos un menor de 5 años.

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