La Contraloría General reveló hallazgos fiscales por $28.310 millones, tras detectar incumplimientos graves en el recaudo y ejecución del impuesto nacional al turismo, concentrados mayoritariamente en un proyecto de embarcaderos fluviales y en la falta de control tributario por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN).
El organismo fiscalizador determinó que la mayor afectación, calculada en $23.006 millones, provino de la mala planeación y débil supervisión en un contrato ejecutado por el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) para instalar muelles en 81 municipios del país.
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Aunque la meta contemplaba la instalación de 88 embarcaderos fluviales, el informe detalló que “a la fecha del informe, aunque la fabricación de los 88 módulos estaba concluida en un 100%, solo cinco habían sido instalados y entregados en funcionamiento”.
Las únicas estructuras operativas se ubicaron en Puerto Wilches (Santander), María La Baja (Bolívar) y los municipios Cerro de San Antonio, Plato y San Sebastián de Buenavista, en Magdalena.
El proyecto, financiado con recursos de la vigencia 2023, inició el 26 de diciembre de ese año con un plazo contractual de 20 meses, pero la brecha entre la inversión financiera y el avance físico evidenció “fallas graves de planeación, supervisión y gestión contractual”, las cuales comprometen la finalidad social del tributo.
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En el componente tributario, la entidad advirtió que la DIAN “quedó en deuda con la fiscalización tributaria”, lo que generó un riesgo de pérdida de $5.303 millones del recaudo nacional.
Se encontraron declaraciones extemporáneas del impuesto correspondientes a los años 2021 y 2022, situación que demostró fallas en el control que debían ejercer tanto la autoridad tributaria como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).
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El informe señaló que la DIAN no ejerció de manera efectiva sus facultades legales de administración, fiscalización y control tributario, a pesar de contar con la normativa necesaria para verificar, liquidar y sancionar los incumplimientos. Esta omisión, según explicó el ente de control, incrementa el riesgo de pérdida de recursos públicos y afecta la oportunidad del ingreso al Presupuesto General de la Nación.
La auditoría concluyó que los hechos comprometen la gestión del Ministerio de Hacienda, el MinCIT, Fontur y la DIAN, poniendo en riesgo recursos destinados a la promoción y competitividad de uno de los motores de la economía nacional.
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