La posibilidad de que en Cúcuta y el área metropolitana se pueda adelantar un proceso de diálogo sociojurídico con las estructuras armadas que delinquen en esta zona del país y que tienen sumida a la ciudad en un espiral de violencia, por el momento no está entre los planes del Gobierno nacional.
Así lo confirmó el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, durante un encuentro con periodistas, en el marco del lanzamiento de la iniciativa ‘Infancias y adolescencias: el Primer Piso de la Paz’. Allí advirtió que la complejidad de la región impide que se mire a Cúcuta fuera del contexto de violencia que proviene del Catatumbo y la frontera.
“Cúcuta pertenece a una región bastante complicada que es la región fronteriza con Venezuela, y esa zona fronteriza tiene otros elementos bien complicados. De tal forma que, por fuera de ese contexto fronterizo, es muy difícil mirar la realidad de Cúcuta”, le dijo Patiño a La Opinión, al ser consultado sobre un futuro proceso de paz urbana en la capital nortesantandereana.
De hecho, el comisionado reveló que la semana pasada hubo un consejo de seguridad en el que el Gobierno estuvo analizando la forma en la que se podría hacer contención a un eventual estallido de la violencia, por cuenta de la confrontación que existe entre Estados Unidos y Venezuela, teniendo en cuenta que Cúcuta es la ciudad limítrofe con el vecino país más importante de la zona y la que más podría sufrir las posibles consecuencias de un escenario como ese.
Por otro lado, el funcionario recordó que fue a esta ciudad donde llegó el mayor número de desplazados tras la guerra que se desató en el Catatumbo entre el Eln y la disidencia de las Farc, a comienzos de este año. “Entonces, no se puede descontextualizar a Cúcuta de esas realidades de violencia de toda la región que es bastante compleja. Ahí sí toca mirarla (la ciudad) dentro de esa realidad”, reiteró Patiño.
Hace unos días, se conoció que en Cúcuta varias bandas criminales y grupos organizados que se disputan a sangre y fuego el control del microtráfico en las diferentes comunas de la ciudad estarían considerando la opción de acceder a un espacio de diálogo, como los que se adelantan actualmente en Medellín y el Valle de Aburrá, o en Buenaventura.
También trascendió que el alcalde Jorge Acevedo le elevó una solicitud a la oficina del consejero comisionado de Paz, abogando, precisamente, por la apertura de un proceso de conversación sociojurídico, ante el recrudecimiento de la violencia derivada de los enfrentamientos entre las diferentes estructuras que delinquen en la ciudad.
Este asunto también fue objeto de análisis durante el pasado foro de violencia urbana que tuvo lugar en Cúcuta y en el que se reflexionó sobre el comportamiento de los fenómenos delictivos en las áreas urbanas de Colombia y cómo impactan en la capital de Norte de Santander y la frontera con Venezuela.
Allí, el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, admitió la urgencia y necesidad de abrir estos espacios de conversación con las estructuras armadas que operan en esta zona del país.
“Va a ser una oportunidad que va a tener la ciudad y que vamos a tener todos, para desactivar estructuras delincuenciales y criminales que están desbordadas en su crecimiento y en su actuación criminal, producto de la ineficacia de las autoridades para combatirlas”, planteó.
Al complejo escenario que vislumbra el Gobierno nacional para una eventual paz urbana en la ciudad, se le suma el poco ambiente que tiene en estos momentos en el Congreso de la República la llamada Ley de Sometimiento, que establece los tratamientos penales diferenciados para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley.
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